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Milà promete 42.000 pisos protegidos, la mitad de alquiler, en cuatro años

Medio Ambiente promueve que 8.000 viviendas tengan techo solar

El precio de la vivienda se ha disparado. En Barcelona, desde 1996 hasta ahora se ha incrementado el 143%, un coste que sufragan las familias. El año de la primera victoria del PP, una familia destinaba el 45% de sus ingresos al pago de la hipoteca. En vísperas de las elecciones generales, las familias necesitan el 62,7% del sueldo para el préstamo hipotecario. Para cambiar este hecho, afirmó ayer Salvador Milà, consejero de Medio Ambiente y Vivienda, sólo hay que incentivar la vivienda pública. El Gobierno catalán promete 42.000 nuevas viviendas protegidas en los próximos cuatro años. La mitad, para alquiler.

Milà, que compareció en el Parlament para explicar el programa de gobierno de su departamento, anunció una tasa para los productos, de forma que se garantice su reciclado al final de su vida útil. También anunció diversas medidas para estimular el ahorro en los consumos doméstico y público del agua, hasta reducir el 10% los usos actuales. Esto, dijo, hará innecesarios nuevos trasvases, incluidos los del Ebro y el Ródano.El actual sistema de incentivos a la compra de viviendas, afirmó ayer Milà, no funciona. Y la solución aportada en estos años por el Partido Popular y CiU, consistente en liberar el suelo, no ha servido para nada. Hay que cambiar de plano. Y el Gobierno catalán piensa hacerlo. Milà anunció ayer una batería de medidas: desde la movilización de suelo público para vivienda protegida hasta la promoción de 42.000 nuevas construcciones, todas ellas protegidas, de las que la mitad al menos tienen que ir destinadas al mercado del alquiler. Una cantidad similar (40.000 viviendas) deberían ser rehabilitadas en ese mismo periodo.

Para poder acometer estos trabajos es imprescindible modificar el marco actual. Hay que explicar al Gobierno central que las ayudas que destina a Cataluña para el plan de la vivienda tienen que ser administradas de forma flexible, porque las cosas son muy diferentes según el territorio.

El precio medio del metro cuadrado en la ciudad de Barcelona es de 3.476 euros, pero en el área metropolitana desciende a 2.500 euros y en el resto de los municipios de Cataluña se queda en 1.677 euros. Eso sí, los incrementos han sido bastante homogéneos. En Barcelona, el precio de la vivienda ha aumentado el 143% en la etapa de Gobierno del PP; en el área metropolitana, casi lo mismo: 141%, y en el resto de Cataluña la subida no ha sido mucho menor: 135%, siempre en el periodo 1996-2003.

Lo que sí ha caído es el número y el porcentaje de viviendas protegidas. El mercado libre es tan apetitoso para los promotores que ha crecido de forma espectacular: las 46.847 viviendas iniciadas en 1996 se convirtieron el pasado año en 88.649; en cambio, las 7.087 protegidas de aquel año cayeron hasta las 5.536 en el pasado. En 1996, la vivienda protegida era el 15% del mercado; en el año 2003, sólo el 6,2%.

Y todo esto con una tendencia clara por parte de los usuarios a la compra. En el año 2001, el 78,9% de los catalanes vivían en una casa de propiedad, frente al 61% de media de la Unión Europea. El alquiler suponía en Cataluña el 16,7% y la media europea era del 39%.

Con estos datos, Milà anunció ayer la necesidad de incentivar el alquiler y la vivienda protegida. Además de las 42.000 que el Gobierno afirma que garantiza para los próximos cuatro años, Milà propuso otras medidas: incentivar la compra de suelo público, destinar suelo del Incasol a vivienda de protección, apoyar el aumento del impuesto de bienes inmuebles para pisos desocupados e incentivar fiscalmente a los propietarios que alquilen sus viviendas, y ofrecer complementos de alquiler a unas 12.000 familias con ingresos que no superen 1,5 veces el salario mínimo y subvenciones de hasta 600 euros cuando sean inferiores a 2,5 veces.

La promoción de viviendas públicas tendrá en cuenta el uso de materiales ecológicos, de forma que se alcancen en cuatro años las 8.000 viviendas con techo solar. El objetivo es que al final de la legislatura el 12% de la energía consumida en Cataluña proceda de fuentes alternativas al petróleo o las centrales nucleares.

En materia de residuos, la noticia más importante fue la implantación de una tasa sobre los productos para garantizar el reciclado al final de su vida útil. Este canon podría estar incluido en la ley de acompañamiento de los presupuestos de este mismo año. Al mismo tiempo, se promoverá la reducción de la incineración.

Protestas y propuestas

Salvador Milà tuvo una primera comparecencia plácida. La oposición estuvo ayer desmejorada. El portavoz de CiU, Ramon Espadaler, empleó casi más tiempo en lamentar el poco que tenía que en criticar los proyectos de Milà. Para colmo, llevaba una frase brillante y se equivocó al citarla por segunda vez: "El Gobierno catalanista y de izquierdas es más de protesta que de propuesta", espetó a Milà, pero al repetirlo se equivocó y lo dijo exactamente al revés entre las carcajadas de los asistentes.

Trató de hurgar en las desavenencias del tripartito sobre Bracons. Milà iba preparado: leyó los informes de los técnicos sobre la obra. Demoledores. No cumple ni la ley de carreteras hecha por el propio Gobierno de CiU, que establecía unas rampas máximas del 6%. Las previstas son del 8%, entre otros desaguisados que desgranó el consejero. Paralelamente, Joaquim Nadal aseguraba que el principal problema para no hacer el túnel de Bracons es que la obra ya está adjudicada. Milà le preguntó a Espadaler cómo fueron capaces de adjudicar tal cúmulo de disparates.

Espadaler tuvo luego que aguantar la intervención de Xavier Vendrell (ERC). Fue inmisericorde. El Gobierno catalán funciona, aseguró. Y remachó: "Tenemos la tranquilidad de que ahora no hay ningún hijo del presidente que tenga una empresa de estudios medioambientales". Más incisivo estuvo el representante del PP, Josep Llobet, pero no logró que Milà dijese si piensa cerrar este año el vertedero del Garraf.

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