Un país endeudado

Los ciudadanos españoles se encuentran en la actualidad en una situación realmente delicada. El endeudamiento familiar se sitúa ya en el 90% de la Renta Bruta Disponible, habiéndose alcanzado estos niveles a un ritmo de crecimiento sin parangón con el resto de los países de nuestro entorno (más de 35 puntos en siete años). La deuda de las familias representa, en estos momentos, el 67,3% del PIB, habiendo superado los 550.000 millones, un 15% más en un año. El precio alcanzado por la vivienda en nuestro país durante los últimos años es, sin duda, el principal responsable del alto nivel de riesgo y vulnerabilidad que están soportando las economías doméstica desde 1998. El precio de la vivienda ha aumentado cinco veces más que los salarios y los consumidores se tienen que endeudar por periodos cada vez mayores, de hasta treinta años, para poder acceder a una vivienda.

La precariedad laboral, en la que España ostenta un triste record en la Unión Europea, duplicando la media comunitaria, y la ampliación de los plazos de endeudamiento familiar, imprescindibles para poder financiar un bien de primera necesidad como la vivienda, son dos circunstancias demostradas de riesgo de sobreendeudamiento de las familias. Algunos datos aparecidos ya en las encuestas oficiales comienzan a ser muy preocupantes: 8.000.000 de familias tienen dificultades para llegar a fin de mes -700.000 más que hace un año- y el 65,5% no puede destinar ningún dinero al ahorro.

Esta misma semana el Banco de España hacía públicos los datos sobre volumen de créditos concedidos a familias y empresas, correspondientes a septiembre de 2003: a cada español le correspondería una deuda de 18.000 euros (tres millones de las antiguas pesetas), 2.000 euros más que hace un año. La Comunidad Autónoma con mayor volumen de deuda por habitante es Madrid que, por cierto, es también la Comunidad Autónoma donde más cara es la vivienda.

La situación de endeudamiento en Andalucía es, sin duda, menos grave que en otras Comunidades Autónomas; nuestra relación deuda/habitante nos sitúa en el puesto número trece, por delante de Asturias y Castilla-La Mancha e inmediatamente detrás de Cantabria y Castilla y León. Por provincias, dentro de nuestra Comunidad Autónoma, Almería y Sevilla se sitúan a la cabeza, ocupando Sevilla una media por habitante muy similar a la de Málaga. La tendencia, no obstante, en nuestra Comunidad, es al crecimiento del recurso al crédito del sector privado, por encima de la evolución del conjunto del Estado. Así lo ponía de manifiesto el último Boletín de Coyuntura Económica de Andalucía, que cifraba el crecimiento del crédito a empresas y economías domésticas en un 17,7% interanual.

Es, por tanto imprescindible la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de los cauces adecuados que garanticen a las familias que afrontan situaciones de quiebra económica de un sistema que les permita reconducir su situación sin caer en situaciones límites de exclusión social.

En nuestro entorno europeo son ya diez los países que, al contrario de lo que sucede en España, cuentan con sistemas de protección frente a la quiebra de las economías domésticas, ofreciendo un trato social, jurídico y económico a los consumidores en situación de endeudamiento excesivo. En España, la inexistencia de instituciones que en la práctica sirvan para solucionar el problema del sobreendeudamiento, impide a los consumidores reconducir su situación y establecer las bases que le permitan rehacer su vida hacia el futuro desde el punto de vista económico.

Todas las estadísticas e informes económicos, oficiales y no oficiales, llevan cerca de dos años alertando sobre la vulnerabilidad y el elevado riesgo al que están siendo sometidas las economías de nuestros consumidores, sin que el Gobierno haya movido un sólo dedo para solucionarlo. Las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista han sido sistemáticamente rechazadas por los escaños de la derecha, demostrando una insensibilidad difícilmente superable. Han sido y son nuestras Comunidades Autónomas las que, a pesar de lo limitado de sus competencias para aportar soluciones globales al problema, están demostrando con sus políticas que para nosotros, a diferencia de la derecha, los consumidores no son meros agentes económicos, sino titulares de derechos y objeto de protección por los poderes públicos como parte débil del mercado.

El endeudamiento que soportamos los españoles es consecuencia directa de una política económica que ha transferido la deuda pública al sector privado: a las familias y a las empresas. Son los "daños colaterales" que, por utilizar una terminología bélica, tan del agrado de nuestro presidente, nos deja en herencia un Gobierno que ha sustentado el crecimiento económico exclusivamente en el "ladrillo" y el consumo, olvidándose de la productividad y colocando a España en el "furgón de cola" en investigación y desarrollo tecnológico, respecto al resto de los países de la Unión Europea.

Isabel Pozuelo Meño es secretaria federal de Consumidores y Usuarios del PSOE y diputada en el Congreso por Sevilla.