El Gobierno llevará a los tribunales los pagos irregulares a directivos de Ferrocarrils

El Gobierno catalán acudirá a los tribunales si se confirman las irregularidades descubiertas por el interventor general en la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Las irregularidades se refieren al contrato blindado del ex presidente Antonio Herce, al reparto entre altos directivos de la empresa de más de 2,5 millones de euros de un plan de pensiones y al cobro de importantes cantidades en dietas y gastos no justificables.

El consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, anunció ayer en Lleida que la Generalitat no dejará enfriar el caso, sino que llevará ante los tribunales a los responsables si del expediente informativo iniciado el pasado día 5 para esclarecer los hechos se desprende que con la actuación de algunos directivos de la empresa de ferrocarriles o de miembros del anterior Gobierno de CiU se causó un perjuicio a las finanzas públicas.

Nadal explicó que se espera tener el informe dentro de 15 días y entonces, de común acuerdo con el interventor general de la Generalitat y el Departamento de Economía, se tomarán "las decisiones sobre las responsabilidades que se deriven de los hechos". El consejero de Economía, Antoni Castells, sugirió la posibilidad de reclamar las cantidades a los empleados.

Nadal cree que hay dos hechos graves. El primero, de "una gravedad política extrema": el ex consejero Pere Macias incumplió un acuerdo de 1994 del anterior Gobierno, que prohibía los contratos blindados para altos cargos de la Administración como el de Antonio Herce. El segundo, que desde el 20 de marzo de 2003, fecha del informe en el que el interventor general apuntaba cuatro tipos de irregularidades en Ferrocarrils, el Gobierno de Jordi Pujol no hiciera nada por corregir la situación.

Felip Puig, portavoz de CiU, rechazó que se hubieran cometido irregularidades y aseguró que la póliza para el pago de las pensiones con cargo al erario público es una práctica habitual en las empresas ferroviarias. Un portavoz de Renfe rechazó de plano que en esta compañía existan ese tipo de planes de pensiones o contratos blindados, y el metro de Barcelona tiene un plan de pensiones para todos los trabajadores por convenio, según su portavoz. Joan Saura, consejero de Relaciones Institucionales, aseguró que se harán públicos cuantos casos de corrupción se encuentren, "no con ánimo de venganza", sino para no asumir responsabilidades.