Los frutos amargos
Hace apenas una semana los obispos publicaron una pastoral execrando a la comunidad política por condescender con una revolución sexual cuyos "frutos amargos son la desastrosa situación de la sociedad actual". Enumeraban: "Violencia doméstica, abusos sexuales de todo tipo, muchedumbre de hijos que crecen sin hogar verdadero....". Los prelados retaban a sus evangelizadores a combatir "con arrojo", y a "desenmascarar", a quienes, con la disculpa de lo "políticamente correcto", no combaten esos males, y señalaban sin tapujos a los poderes "infeccionados".
Una pastoral episcopal, y menos ésta última sobre la familia, tan apocalíptica, rara vez se toma en España como abstracción de un probo sermón o desahogo espiritual de unos jerarcas que se consideran inatacables e, incluso, representantes en la Tierra de una "sociedad perfecta", según rezó en el Boletín Oficial del Estado el Concordato suscrito en 1953 entre el Vaticano y España. Las pastorales de los obispos, sobre todo en período electoral, siempre arman revuelo. Lo que no sospechaban los prelados católicos es que sus abominaciones contra las supuestas inmoralidades sexuales de los españoles fuesen a coincidir con la pasividad del Obispado de Córdoba ante un caso sentenciado de abusos sexuales a varias menores por parte de un párroco mantenido en el cargo con el "apoyo y la cercanía" de sus superiores.
La rectificación, ciertamente tardía, del obispo Juan José Asenjo, portavoz de la Conferencia Episcopal entre 1998 y 2003 y prelado de Córdoba desde septiembre pasado, no sirvió ayer para aplacar la desolación de los autoridades eclesiásticas, que se apresuraron a subrayar en su página web (www.conferenciaepiscopal.es) la normativa aplicable en estos casos, aprobada en 2002 con motivo de los espectaculares escándalos de pederastia y encubrimiento de pedófilos, que implicaron en la Iglesia de EE UU a cientos de sacerdotes y a algunos obispos. "Las diócesis tendrán mecanismos para responder rápidamente a cualquier alegación en la que haya razón para creer que ha habido abuso sexual de un menor", dice esa normativa.
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