La Generalitat descubre pagos injustificados a directivos de Ferrocarrils

El interventor general del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña ha descubierto pagos injustificados a varios directivos de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat por un importe global que supera los 2,5 millones de euros (417 millones de pesetas). El interventor puso los hechos en conocimiento del consejero de Economía, que en aquel momento, hace 11 meses, era Francesc Homs, de CiU, y sugirió que deberían estudiarse medidas al respecto. El ex presidente de la empresa, Antonio Herce, logró blindar su contrato con una indemnización millonaria, pese a que ello estaba prohibido desde 1994.

El nuevo Gobierno catalán, presidido por el socialista Pasqual Maragall, anunció en sus primeros días de mandato que auditaría algunos departamentos de la Administración autónoma y determinadas empresas públicas, entre ellas Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, ante la sospecha de posibles irregularidades. Los actuales consejeros no creen que todo lo que se han encontrado del anterior Gabinete de CiU esté mal, pero reciben constantemente señales de alerta. Y una de ellas es un texto elaborado por la Intervención General del Ejecutivo que presidía Jordi Pujol, con fecha 20 de marzo de 2003.

El documento es breve, pero taxativo. Pone en guardia al titular de Economía, que en aquella fecha era el actual diputado de CiU Francesc Homs, sobre algunas irregularidades observadas en Ferrocarrils de la Generalitat. La más llamativa de ellas es un conjunto de pagos que no se detallan y que suman un total de "417.340.101 pesetas", unos 2.508.204 euros, realizados a directivos de la empresa ferroviaria catalana y que, a juicio del interventor, son "injustificados".

El consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, declaró ayer que ha ordenado la apertura de un expediente informativo para averiguar quiénes fueron los beneficiarios de estos pagos, quién tomó la decisión de que se hicieran y con qué tipo de justificaciones, así como si se ha hecho algún tipo de gestión para recuperar el dinero o, en su defecto, si cabe hacerla.

Según Francesc Homs, el informe de la Intervención se refiere a planes de pensiones suscritos por la empresa y que posteriormente fueron liquidados porque el Gobierno catalán decidió poner fin a este tipo de remuneraciones a los funcionarios y empleados de empresas públicas. El ex consejero añadió que tales fondos fueron pagados en los años 90 y hasta 2001, y luego se cancelaron y se indemnizó a quienes tenían derechos adquiridos.

El texto de la Intervención señala otra irregularidad en Ferrocarrils: el contrato del que entonces era su presidente, Antonio Herce, vulneraba el acuerdo del Consell Executiu de la Generalitat de 8 de febrero de 1994 que prohibía las indemnizaciones vinculadas a las rescisiones de contratos de alta dirección tanto en los organismos como en las empresas públicas. El interventor recomienda que el hecho sea puesto en conocimiento del departamento del que depende la empresa (Política Territorial) y del comité de coordinación interdepartamental.

El Gobierno de Pujol decidió prohibir los contratos blindados para altos cargos de la Administración catalana y también para las empresas en las que el Ejecutivo fuera propietario del 50% o más del capital. Ferrocarrils es propiedad del Gobierno autónomo en su totalidad. Pese a ese acuerdo, el entonces consejero de Política Territorial, Pere Macias, blindó en 1999 el contrato de Herce. Su destitución por cualquier motivo implicaba el abono de dos anualidades (unos 360.000 euros).

Nadal aseguró ayer que su departamento únicamente pagará a Herce lo que marque la ley por los años trabajados.

En cambio, el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran, se mostró a favor de indemnizar al directivo destituido. Según Duran, es "normal y usual en las Administraciones públicas" que se firmen contratos como éste.