Orden de campaña

El Parlamento catalán constituyó el pasado lunes la comisión que debe redactar el proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña. Se cumplía así un compromiso electoral de todos los partidos con representación en la Cámara catalana, salvo el PP. El Gobierno catalán ha incluido esta reforma entre sus prioridades legislativas, en consonancia con los programas electorales de los tres partidos de la mayoría gubernamental.

La comisión parlamentaria establecerá ahora la metodología de redacción del nuevo Estatuto. Es de subrayar el impecable procedimiento escogido por los partidos catalanes, que contrasta con la propuesta unilateral del plan Ibarretxe en Euskadi. Los partidos catalanes llegan a la comisión sin un documento previo. Cada cual aportará sus ideas y propuestas, pero nadie intenta imponer a los demás un texto de partida. El trabajo se hará buscando el consenso sobre la base de las aspiraciones formuladas por cada uno de los partidos y con el objetivo de que el documento final tenga el máximo apoyo parlamentario posible.

Los partidos catalanes saben perfectamente que tienen escasa viabilidad aquellas propuestas de cambio del marco institucional que no cuenten con el respaldo de unas mayorías muy amplias y que la reforma debe ser capaz de suscitar, además, un consenso equivalente en las Cortes españolas.

De momento, el PP ha sido el único partido que se ha marginado voluntariamente de la comisión, aunque ha dejado la puerta abierta a su incorporación al grupo de trabajo después de las elecciones del 14-M. Por más que los dirigentes del PP catalán intenten justificar su ausencia por razones de oportunidad, es indudable que es el cumplimiento de una orden de campaña de la dirección nacional del PP. En el mismo momento, Gabriel Elorriaga, jefe de campaña de Rajoy, ha advertido de que el PP rechazará de plano cualquier reforma del Estatuto de Cataluña que no cuente con el apoyo de su grupo parlamentario catalán.

Resulta obvio que la reforma del Estatuto necesita para su tramitación en las Cortes Generales el voto favorable del PP (y del PSOE) para conseguir la mayoría requerida. De ahí que las palabras de Elorriaga tengan un cierto aroma de amenaza. Una amenaza electoral, para ser más precisos. Lo cual no hace sino confirmar que el Partido Popular no está dispuesto a hacer la más mínima concesión, siquiera gestual, en un asunto que ha convertido en eje de su campaña: el rechazo de cualquier reforma estatutaria que suponga un cambio sustancial en el modelo existente.

Al PP no parece importarle que el Gobierno de Cataluña siga un procedimiento que pone en evidencia el que ha seguido Ibarretxe. Y tampoco que su negativa pueda desembocar en una confrontación preocupante. Podría darse el caso de un Estatuto aprobado por el 88% del Parlamento de Cataluña al que no da entrada el Congreso de los Diputados por la oposición del PP.

No hay duda de que no se puede reformar el Estatuto catalán sin el acuerdo de los dos mayores partidos en las Cortes, pero ello difícilmente ocurrirá si el PP catalán no participa desde el principio en la gestación de la reforma. Si se inhibe y no corrige su actitud después de las elecciones, dará a entender que prefiere el conflicto -entre dos legitimidades- al acuerdo razonable. Asumirá así una pesada responsabilidad.