Destituido el presidente de una empresa pública catalana que tenía contrato blindado

Antonio Herce dejó ayer de ser presidente de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Ha sido una destitución laboriosa porque el Gobierno catalán se encontró con que tenía un contrato blindado que le garantizaba el cobro de dos anualidades completas en caso de destitución. En total, unos 360.000 euros (unos 60 millones de las antiguas pesetas) que el Ejecutivo que preside Pasqual Maragall entiende que no tiene que pagar. Le sustituye en el cargo Joan Torres, que era presidente de la Fundación del Real Automóvil Club de Cataluña.

Herce fue nombrado en 1999. La persona que le eligió fue el entonces consejero de Política Territorial, Pere Macias, de quien Herce ha presumido siempre de ser amigo personal. El contrato de Antonio Herce como presidente de Ferrocarrils de la Generalitat es el mismo que tuvieron el resto de presidentes de la empresa, aseguró un portavoz de CiU que dijo hablar en representación de Pere Macias. Una afirmación que fue desmentida rotundamente por el ex presidente de la empresa y también ex consejero de Medio Ambiente antes que Macias, Albert Vilalta.

"Nunca tuve un contrato que estableciera una indemnización al dejar el cargo", aseguró Vilalta, que hoy preside la empresa que construye dos líneas de tranvía en Barcelona. Más aún, precisó, ni siquiera tenía remuneración por ejercer la presidencia de los ferrocarriles, porque entonces ocupaba un cargo en el Departamento de Política Territorial y no podía percibir dos sueldos públicos.

Una vez conocida la respuesta de Vilalta, Macias cambió su versión. El contrato de Herce era idéntico al del último presidente de Ferrocarrils de la Generalitat, Enric Roig. Enric Roig tampoco es de la misma opinión. "Yo no tenía ningún tipo de blindaje en el contrato", aseguró.

El Gobierno catalán está poco dispuesto a pagar la indemnización. Entiende que la presidencia de una empresa pública es un cargo de confianza y no puede dar derecho a indemnizaciones. Además, considera que Herce debería haber puesto su cargo a disposición del nuevo Gobierno, como han hecho otros directivos.