El control permanente

La Mesa de la Diputación Permanente del Congreso -con mayoría absoluta del PP- rechazó anteayer la solicitud presentada por el PSOE, IU y el Grupo Mixto para que Aznar explicase en sede parlamentaria el origen y los contenidos de las informaciones sobre las armas de destrucción masiva en poder de Sadam Husein que justificaron en marzo de 2003 el apoyo de España a la guerra de Irak pero que continúan sin aparecer casi un año después de finalizado el conflicto. El Gobierno debe de creer que los españoles no están asistidos del derecho a conocer -a diferencia de los norteamericanos y los británicos- cómo fue fabricada por los servicios de inteligencia y por encargo de los Gobiernos esa falsa expectativa desmentida ahora por los hechos. El PP ha utilizado la trinchera de una lectura restrictiva del artículo 78 de la Constitución referido a la composición, los fines y las funciones de las Diputaciones Permanentes del Congreso y del Senado como órganos de continuidad institucional entre dos periodos de sesiones o cuando las Cámaras han concluido su mandato.

El Gobierno mantiene que las facultades de la Diputación Permanente del Congreso -una vez disuelto- se hallan estrictamente tasadas y afectan exclusivamente a la convalidación de los decretos-leyes y a los estados de alarma, excepción y sitio. Pero hay otras interpretaciones posibles: dado que la finalidad de ese órgano es "velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas" y mantener viva la continuidad de la representación popular hasta las elecciones, ningún obstáculo constitucional impide la comparecencia del presidente del Gobierno ante la Diputación Permanente cuando las circunstancias lo exijan. No es que Aznar no pueda informar en sede parlamentaria sino que no quiere: pretende ocupar en solitario y sin control hasta el 14-M (y luego otras semanas de propina como presidente en funciones) un Estado deshabitado.

El escándalo suscitado en Estados Unidos y Gran Bretaña por el misterio de las armas desaparecidas ha movido al presidente Bush y al premier Blair a crear sendas comisiones de investigación formalmente independientes. Si los arsenales fueron un invento -como parece- de los servicios de inteligencia y de sus Gobiernos, el trío de las Azores impuso a Sadam Husein -a cambio de no invadir Irak- una condición de imposible cumplimiento: el culposo reconocimiento, primero, y la inmediata liquidación, después, de unos arsenales en realidad inexistentes. Sorprendidos en ese monumental renuncio, los apologistas de la guerra restan importancia a la mágica evaporación de los mortíferos depósitos y esgrimen otras justificaciones bélicas retrospectivas: desde las violaciones -indudables- de los derechos humanos hasta la utilización -también indiscutible- de armas químicas y biológicas contra Irán cuando Sadam Husein era un aliado de Estados Unidos. Pero los miembros del Consejo de Seguridad disconformes con el ultimátum de las Azores ni ponían en duda esos hechos, ni negaban la necesidad de aplicar la resolución 1.441: simplemente eran partidarios de dar a los inspectores de Naciones Unidas el tiempo solicitado para proseguir la búsqueda hasta entonces infructuosa de los arsenales todavía no liquidados de la primera Guerra del Golfo.

Es de temer que tampoco los medios de comunicación independientes logren ese control del Gobierno que le ha sido ya negado a la Diputación Permanente. ¿Alguien puede imaginarse a Aznar como interlocutor de una entrevista televisiva al estilo del mano a mano sostenido el pasado domingo entre el presidente Bush y el periodista Tim Russert? ¿Sería capaz el actual presidente del Gobierno -sólo valiente con Urdaci- de seguir el ejemplo dado por su predecesor, Felipe González, el 9 de enero de 1995 cuando hizo frente en RTVE a las preguntas de Iñaki Gabilondo? Hans Blix -jefe de los inspectores de Naciones Unidas hasta la guerra- ha acusado a Bush y a Blair de exagerar ante la opinión pública el peligro representado por Sadam Husein como si fuesen vendedores de un artículo; el ministro Zaplana actúa a este respecto como el charlatán de feria de un baratillo de crecepelos: aunque el portavoz del Gobierno se tome el asunto a cachondeo, la dignidad de las instituciones democráticas y el honor de la política exterior española andan, sin embargo, en juego.