Anulado el acuerdo del consejo de RTVV que permitía la privatización de Canal 9

La titular del juzgado de Lo Contencioso número 2 de Valencia ha anulado el acuerdo del consejo de administración de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) que el 31 de marzo de 2003 dio luz verde a tres concursos para privatizar 1.884 horas de programación, los servicios informativos y la gestión de publicidad de Canal 9. La juez ha estimado un recurso de UGT porque considera que tal decisión vaciaba de contenido la gestión pública de Canal 9 y vulnera la Constitución, la Ley del Tercer Canal, el Estatuto autonómico y la Ley de Creación de RTVV.

El proyecto de privatización de Canal 9, que fue impulsado por el ex presidente de la Generalitat Valenciana y actual ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, y se presentó como una externalización de la gestión, ha sido neutralizado por una sentencia que no acepta ninguno de los argumentos que la dirección de RTVV ha utilizado para amparar dicha decisión. La sentencia, que ha estimado un recurso de UGT, entiende que el acuerdo vulneró los principios de gestión de una televisión pública, que la privatización afectaba a los servicios esenciales de Canal 9, que se hizo sin respetar las competencias que la Ley de Creación de RTVV otorga al consejo de administración y que ni siquiera queda claro que tal iniciativa supusiera el ahorro que el gobierno autonómico argumentó como valor.

Canal 9 es una televisión pública cuya gestión no puede pasar a manos privadas

La magistrada entiende que el proceso es de privatización, y no de externalización

El acuerdo impugnado por UGT permitía la convocatoria de los concursos que debían dejar en manos privadas la gestión de una parte sustancial de Canal 9. Un acuerdo de las Cortes, del 4 de marzo de 2003, aprobó trasladar al director general del ente el dictamen de una comisión de nuevas formas de gestión de la televisión pública que durante más de dos años había escuchado opiniones de expertos de diferentes áreas. Días después, el presidente del consejo de administración, Emilio Fernández, como es preceptivo, convocó pleno del mismo para el 24 de marzo. El enfrentamiento que se produjo entre los consejeros del PP y el comité de empresa impidió el normal desarrollo de la votación y volvió a convocarse para el 31. Fue entonces cuando, con los votos del PP, se dio luz verde a un proceso -en cuya discusión no participó en ningún momento el consejo de administración- al que se han presentado 16 empresas, que debió quedar resuelto el pasado mes de octubre y cuya dilación se ha explicado oficialmente por la necesidad de "más informes técnicos".

RTVV argumentó que "el acuerdo no suponía ningún vaciamiento del contenido esencial de la radiotelevisión valenciana ni la cesión de su gestión a tercero".

La juez no ha aceptado tal argumentación. Bien al contrario. La magistrada entiende que el proceso es de privatización, y no de externalización; que esa decisión en ningún caso le corresponde al director general porque efectivamente afecta a la esencia de la televisión pública y que la Ley de Creación fija la protección sobre esa esencia del órgano colegiado.

Pero además, recoge un hecho incuestionable que se incluye en los pliegos de condiciones de los tres concursos y que merma severamente la gestión pública de Canal 9: la concesión de parcelas importantes de la actividad a manos privadas, como mínimo, hasta 2008. Dice la juez: "El que la oferta se proyecte hasta 2008 resulta contrario a la atribución que otorga el artículo siete de la Ley de Creación al consejo de administración y que exige que este órgano determine anualmente el porcentaje de producción propia que deberá incluirse en la programación de cada medio". Pero además, la juez alerta de que la decisión no podía tomarse porque Canal 9, según su propia Ley de Creación, es una televisión pública cuya gestión no puede pasar a manos privadas.

Además de UGT, los sindicatos CC OO y CGT, los partidos PSPV-PSOE y Esquerra Unida y la Unión de Consumidores y la Asociación de Usuarios de la Comunicación acudieron a los tribunales. UGT alegó en su recurso que el acuerdo no se ajustaba a derecho por "plantear bajo el paraguas de servicios accesorios la privatización de una parte sustancial de la gestión de la televisión autonómica y de naturaleza pública", porque "supone que se vacíe de contenido la gestión directa de Canal 9 al ser objeto de concurso programas infantiles, juveniles, culturales y educativos, de ocio y de entretenimiento, considerando que la característica particular de la televisión autonómica como servicio público es precisamente la producción propia". También planteó que podía "perjudicar a los trabajadores". La juez respalda el análisis de UGT y anula el acuerdo porque vulnera preceptos de la Ley del Tercer Canal, del Estatuto de Autonomía, de la Ley de Creación de RTVV y, por extensión, de la Constitución.

El fallo permite recurso de apelación, para el que RTVV tiene 15 días. Una vez presentado, UGT pedirá la ejecución para paralizar el proceso.