Los trabajadores de los astilleros de Cádiz denuncian que la policía espía sus reuniones
La dirección de Izar afirma que colabora con los agentes porque teme por sus bienes
Los trabajadores de los astilleros del grupo Izar en la bahía de Cádiz volvieron ayer a las movilizaciones. El presidente del comité de Puerto Real, Ramón Linares, afirmó que la policía ha establecido sistemas de vigilancia y grabación para espiar las actividades de los empleados y anunció una denuncia contra el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Maximiliano Vilches. La dirección de Izar explicó que ha adoptado una actitud de "colaboración con la policía" porque teme que "las instalaciones y los bienes de la empresa se usen en acciones violentas de las que no quiere ser cómplice".
Miembros del comité de empresa del astillero de Puerto Real hallaron ayer, en un edificio muy próximo al lugar donde se celebran las asambleas de los trabajadores, dos cámaras y cinco micrófonos dispuestos para grabarles. Los sindicatos señalan a Vilches como "máximo responsable de ordenar la instalación de equipos para espiar a la asamblea de trabajadores y las conversaciones de los miembros del comité en las salas de reunión de los sindicatos". CC OO y UGT tienen previsto llevar la denuncia al juzgado antes de que finalice la semana.
Linares pidió la dimisión del subdelegado del Gobierno y de la consejera delegada de la empresa Izar, Esther Rituerto, por "autorizar la adopción de estas medidas".
La Subdelegación del Gobierno en Cádiz manifestó ayer que "con carácter general, todas las actuaciones de la policía se desarrollen dentro de la ley" y que pretenden "evitar acciones violentas y preservar los derechos de los ciudadanos".
La Subdelegación pidió a los trabajadores que "reconduzcan sus protestas hacia cauces más pacíficos, dentro de lo establecido por la ley". Los enfrentamientos violentos "no ayudan a la obtención de nuevos pedidos, que es lo que todos pretenden", añadió.
En medio de esta polémica, los trabajadores de la factoría de Puerto Real volvieron a las movilizaciones y cortaron el tráfico en el puente León de Carranza de Cádiz.
La movilización, en la que participaron unos 1.000 trabajadores, derivó en enfrentamientos con fuerzas antidisturbios, que estaban provistas de tanquetas y emplearon pelotas de goma, con las que lograron que los empleados buscaran de nuevo refugio en las instalaciones de la empresa. El puente permaneció cortado desde las 11.30 hasta las 14.30.
En Cádiz, un grupo de unos 20 trabajadores mantuvo enfrentamientos con la policía y quemaron barricadas en la carretera industrial que da acceso a la planta de trabajo, informa Eva Bocanegra.
En San Fernando, más de un millar de empleados participó en una asamblea convocada por sorpresa a las 7.00 horas para evitar la presencia policial. A continuación los trabajadores cortaron por espacio de una hora la vía del tren a su paso por la ciudad y la autovía de acceso al centro urbano.
Izquierda Unida criticó ayer al Gobierno por la "excesiva" acción "represiva" de la policía. El candidato andalucista por Cádiz al Parlamento andaluz y alcalde de San Fernando (Cádiz), Antonio Moreno, condenó la actuación del grupo Izar y de las fuerzas de seguridad del Estado al colocar cámaras y micrófonos para grabar las asambleas de los trabajadores. En declaraciones a Efe, Moreno consideró que esto supone una vulneración de un derecho "fundamental", como es el de reunión, y tildó de "muy grave" esta actuación por entenderla como una "criminalización" de los trabajadores, amén de darles un trato de "terroristas".
Las movilizaciones pueden quedar hoy paralizadas al ser jornada festiva en Puerto Real. Los comités advierten sobre la continuación de las acciones a partir de mañana. Los sindicatos protestan por el anuncio de aplicación de un plan de regulación de empleo que puede afectar a unos 400 trabajadores y por la falta de carga de trabajo, de la que culpan a la mala gestión de Izar.
Sin debate en la Cámara
La Diputación Permanente del Parlamento decidió ayer no habilitar una sesión extraordinaria para que la Junta informe de sus actuaciones en la crisis, como había solicitado Izquierda Unida y el grupo mixto. PSOE y PP se opusieron por la proximidad de las elecciones autonómicas y generales, ya que se corre el riego de que el debate electoral se traslade a la Cámara, formalmente disuelta. Los portavoces de PSOE y PP, José Caballo y Antonio Sanz, argumentaron que la convocatoria del Parlamento en periodo electoral debe atender razones de especial gravedad y que si se hace ante el problema de Astilleros, también con las crisis de otros sectores como el algodón, "y podríamos estar aquí reunidos todos los días", puntualizó Sanz.
Caballos añadió que, además, el sector naval es competencia del Estado, por lo que el Gobierno de la Junta sólo acudiría a la Cámara autonómica para emitir su opinión. Los portavoces de IU y mixto, Antonio Romero y Ricardo Chamorro, sin embargo, señalaron que los trabajadores no tienen "la culpa" de estar en periodo electoral y pidieron "flexibilidad".
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