Jueces y médicos van a la huelga para frenar a Berlusconi

Los jueces y los médicos italianos han optado por el enfrentamiento abierto con el Gobierno conservador de Silvio Berlusconi. Los médicos secundaron ayer masivamente una huelga contra la decadencia de la Sanidad pública, y los jueces decidieron dejar vacíos los tribunales el 11 de marzo. La magistratura se oponía a la reforma judicial, pero también quería airear su irritación por los continuos insultos del primer ministro Berlusconi. En conjunto, las huelgas acentuaron la sensación de que Italia vivía en una situación de crisis permanente.

El malestar judicial se vio reflejado en unas palabras de Carlo Fucci, vicepresidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM): "Quien hoy gobierna establece las premisas de un sistema caracterizado no por la fuerza de la ley, sino por la ley del más fuerte" y hace pensar en "la deriva institucional de 1923 (...), que estableció las premisas de una fascistización de la justicia italiana".

La frase fue pronunciada en el congreso de la CNM, en un ambiente caldeado por la convocatoria de huelga. Aun así, causó malestar en la propia sala y asombro fuera de ella. Evocar el fascismo pareció exagerado a bastantes de los presentes, a los partidos de la izquierda y, por supuesto, al Gobierno. Fucci dimitió ayer para acabar con la polémica y no perjudicar al conjunto de la profesión.

La gravedad de las acusaciones del dirigente judicial y la referencia al fascismo fueron reveladoras sobre la profundidad de la herida abierta durante años por los insultos de Berlusconi, y especialmente por los que profirió contra los jueces en el acto que conmemoró el décimo aniversario de su ingreso en la profesión política.

Berlusconi, que tiene varios procesos pendientes por evasión fiscal y falsificación de balances, habló en ese acto celebrado en enero del "régimen policial" y del "jacobinismo guillotinador" de los jueces italianos y, sobre todo, dijo que "el fascismo fue menos odioso que la burocracia togada".

Tribunales desiertos

"Algunas afirmaciones han dejado heridas", reconoció Piero Luigi Vigna, juez antimafia y una de las togas más prestigiosas del país. Como otros jueces, Vigna se declaró contrario a la huelga, pero se sumó a la convocatoria con la esperanza de que se abriera algún tipo de diálogo y pudiera evitarse el día de los tribunales desiertos.

La convocatoria es, en realidad, de dos jornadas. En la primera, el 11 de marzo, no se trabajará. En la segunda, el 12 de marzo, sí se trabajará, pero se renuncia al salario y se aporta a un fondo destinado a pagar reparaciones de material, papel de fotocopias y otras necesidades urgentes de los juzgados, cada vez más desprovistos de medios y con más causas pendientes.

La ANM, que agrupa a todos los sindicatos judiciales, consideró que el Gobierno de Berlusconi no quería "reformar la justicia, sino a los jueces", e interpretó el proyecto de ley, actualmente en el Parlamento, como un intento de "domar" a los magistrados y someterlos al control gubernamental.

En cierta forma, tiene razón, porque se quiere crear una estructura jerárquica de los fiscales, sometida en último extremo al Gobierno. También la tiene el ministro de Justicia, Roberto Castelli, al señalar que su reforma se orienta a "homologar" el funcionamiento de los tribunales italianos con el de los franceses o españoles, y al denunciar que los jueces se habían erigido en un "partido" que iba más allá de la defensa de sus intereses corporativos.

En último extremo, la revuelta de los jueces y, en menor medida, la huelga de los médicos, son la consecuencia del creciente desplazamiento de la oposición desde el Parlamento a la calle, por la incapacidad de los partidos de izquierda para articular una política alternativa a la del Gobierno.

La huelga de la Sanidad pública tuvo un seguimiento muy alto, que el principal sindicato convocante, Anaao-Assomed, cifró en un 90%. Incluso algunos centros médicos privados se unieron a la protesta, que afectó a unos 155.000 profesionales y obligó a retrasar unas 90.000 visitas e intervenciones: sólo se realizaron las operaciones que no admitían espera y los servicios mínimos se limitaron a las urgencias.

Los 42 sindicatos del sector se mostraron unánimes en una huelga que fue, hasta cierto punto, un grito de exasperación por la continua decadencia de la Sanidad pública, la falta de negociaciones para renovar un contrato-marco que expiró dos años atrás, la reducción en 6.000 millones de euros del presupuesto para 2004 y el temor a que la proyectada implantación de un sistema político más o menos federal, que cederá a las regiones todo el control sobre la Sanidad, agravara las diferencias entre unas zonas y otras.