Un ejercicio de madurez democrática

Si algo refleja con claridad la madurez democrática de un país es la capacidad de su clase política de mantener un diálogo permanente con la sociedad civil y la permeabilidad de sus programas y su gestión de gobierno a las demandas y propuestas que surgen de los diversos colectivos ciudadanos.

El momento político que vive España, a escasas semanas de unas elecciones generales, exige que el diálogo entre el Gobierno y las organizaciones sociales -que en la última legislatura ha sido, sin duda, mucho menos fluido de lo que hubiera sido deseable- se amplíe a todos los partidos, y que éstos muestren claramente a los ciudadanos y ciudadanas cómo piensan responder a sus inquietudes sobre temas tan trascendentes como la lucha contra la pobreza, la defensa de los derechos humanos y la preservación del medio ambiente, tanto en nuestro país como en el resto del mundo.

Si las multitudinarias manifestaciones contra la guerra de Irak pusieron en evidencia que la ciudadanía no es en absoluto indiferente a las decisiones políticas cuyos efectos se producen a miles de kilómetros de nuestros hogares, este mismo conflicto ha propiciado una retórica política en la que se insiste sobre las responsabilidades de España en tanto que país desarrollado que se quiere en el pelotón de cabeza de la economía y la democracia mundiales. Y no cabe duda de que nuestro país tiene esa responsabilidad, la de hacer frente con decisión a los retos que nos plantea un mundo globalizado.

Pero ¿cumple España con los compromisos internacionales que le corresponden como Estado comprometido con los derechos humanos, con el desarrollo humano sostenible y con la conservación de un planeta sano para las futuras generaciones? Si bien se han firmado convenios y declaraciones en las grandes cumbres, ha faltado voluntad política para aplicarlos, una voluntad que todos los partidos políticos deberían mostrar claramente desde ahora mismo, incluyendo en sus programas medidas que son esenciales para construir un país mejor que contribuya a hacer mejor el mundo para todos.

España debe comprometerse firmemente a trabajar por un mundo sin pobreza. Para ello no sólo debe aumentar sustancialmente su Ayuda Oficial al Desarrollo, hasta alcanzar por lo menos un 0,39% del PIB en 2008, sino que se debe asegurar una mayor atención de nuestra cooperación a los sectores y países más vulnerables. Doblar la ayuda destinada a África y dedicar como mínimo un 20% de la ayuda bilateral a servicios básicos como educación o salud -un compromiso de 1995 jamás alcanzado- son medidas imprescindibles en esta línea.

El compromiso con la paz y los derechos humanos del Gobierno que surja de las elecciones debe materializarse en medidas firmes contra la proliferación de armas -entre las que estaría, sin duda, el apoyo español a un Tratado Internacional para el Control de Armas Ligeras para 2006-, así como es imprescindible que nuestro país contribuya a fortalecer los mecanismos de lucha contra la impunidad, oponiéndose a cualquier medida o acuerdo bilateral que pretenda socavar el funcionamiento eficaz de la Corte Penal Internacional o el principio de jurisdicción universal.

Además, el Gobierno de un país que se quiere potencia mundial no puede mantenerse indiferente ante los millones de víctimas civiles atrapadas en conflictos sin resolver, y debe comprometerse activamente tanto en una política de prevención de conflictos, como en garantizar una asistencia humanitaria efectiva y no mediatizada por intereses políticos. España debe apoyar el papel preponderante de la ONU en las misiones de mantenimiento de la paz, incrementar los recursos públicos para ayuda humanitaria y delimitar claramente el papel de nuestro ejército en este ámbito.

Por otro lado, también contemplamos con enorme preocupación que en nuestro país subsistan graves limitaciones a los derechos fundamentales de los inmigrantes refugiados y solicitantes de asilo, y que las políticas públicas no hayan logrado atajar el incremento de manifestaciones de xenofobia. Por ello, consideramos imprescindible que se ponga en marcha un plan nacional contra el racismo que aborde la regulación de la inmigración y el asilo con un enfoque basado en los derechos humanos y no sólo en el control y la seguridad. Del mismo modo, la reducción drástica de la discriminación y la violencia de género -con la asignación de los recursos necesarios y la participación de las organizaciones de mujeres en el diseño de esas políticas- debe ser un punto esencial en la agenda del nuevo Gobierno.

Un medio ambiente limpio y una gestión sostenible de los recursos son un derecho básico de los ciudadanos de hoy y de mañana, que la opinión pública cada día reclama con mayor vigor. El aumento en un 38% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, muy por encima de lo establecido en el Protocolo de Kioto, es un síntoma evidente de que nos alejamos de la sostenibilidad. El control del aumento de emisiones contaminantes fijado por el Protocolo de Kioto sobre Cambio Climático -que hasta 2010 no pueden crecer más de un 15% sobre los niveles de 1990- exige que en la próxima legislatura se lleven a cabo actuaciones concretas sobre los sectores de la electricidad y el transporte. Asimismo, es imprescindible una estrategia de eficiencia energética que consiga una reducción efectiva del consumo de energía de al menos un 20% para el año 2010. No es menos urgente poner freno a la destrucción de los últimos bosques vírgenes del planeta y al deterioro del medio marino, con una vigilancia más estrecha de la legalidad de los procesos de producción y comercialización de madera y el apoyo a la creación de una red global de áreas marinas protegidas.

Éstas son sólo algunas de las medidas más urgentes que deben tomarse si queremos asegurar la participación efectiva de nuestro país, durante los próximos cuatro años, en la construcción de un mundo en paz, más justo, más limpio y, en definitiva, más humano. Decenas de miles de personas, socios y colaboradores de nuestras organizaciones aspiran a que España pueda ser algún día un referente ético en el mundo global. ¿A qué aspiran nuestros partidos políticos? La sociedad civil espera sus respuestas.

Esteban Beltrán es director de Amnistía Internacional; Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace, e Ignasi Carreras, director general de Intermón Oxfam.