El plan territorial metropolitano será aprobado en el plazo de un año

El Gobierno se comprometió ayer a aprobar todos los planes territoriales antes de un año y medio, y antes aun de ese plazo, el plan territorial metropolitano de la región de Barcelona, trabajando al mismo tiempo en la revisión del plan general metropolitano. Así lo aseguró ayer el portavoz del Gobierno catalán y consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, al término de la reunión que mantuvo con el alcalde de Barcelona, Joan Clos. "Hemos repasado los asuntos pendientes y da miedo", afirmó Clos, y Nadal le matizó: "miedo no, pero respeto, todo".

Ambos coincidieron en que es imprescindible actuar en un triple frente: la planificación territorial, las infraestructuras y el transporte público. La planificación empezará con la aprobación de los planes territoriales y, también, con la adopción de medidas especiales para la protección de la sierra de Collserola. Nadal no precisó en qué consistirían esta medidas, aunque dijo que su departamento trabaja en un plan de protección de corredores verdes similar al aprobado la semana pasada para evitar que se construya en zonas del litoral catalán. En este mismo paquete se incluye la recuperación de una entidad de gobierno para la región metropolitana en sustitución de la disuelta Corporación Metropolitana de Barcelona.

Las infraestructuras tienen que permitir suprimir los colapsos que se dan diariamente en las carreteras de acceso a Barcelona. Y la solución, precisó Joaquim Nadal, no puede pasar por "ensanchar las autopistas, porque éstas no son chicles", dijo. De modo que lo que queda es la vía del transporte público.

Joan Clos enumeró los asuntos pendientes en esta área: las prolongaciones de las líneas de metro, el paso del AVE (que sería objeto de un encuentro con Fomento apenas media hora después del que mantuvieron los dos dirigentes catalanes), los trámites urbanísticos y la plaza de Les Glòries. Nadal añadió otros asuntos que no dependen exclusivamente del Gobierno autónomo y del municipal, ya que exigen la participación del central. Es el caso del contrato programa que financia el déficit del transporte público y que depende del Ministerio de Hacienda. El correspondiente al periodo 2003-2005 no está firmado.