Atrapados en los compromisos de Kioto

En cuestión de meses, el humo va a tener un precio. Real, en euros contantes y sonantes. La Unión Europea (UE), cuyos 15 socios forman parte del grupo de 119 Estados que han asumido el Protocolo de Kioto para reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), va a ensayar entre 2005 y 2007, un "mercado del humo" para forzar a los Estados miembros a reducir las emisiones de gases contaminantes.

Ese mercado estará plenamente vigente en 2008 y forzará a quien supere los límites establecidos a pagar para comprar derechos de emisión a quien le sobren. Ello, sin perjuicio de sufrir multas por ser poco cumplidor.

El propósito es que en 2012, el conjunto de la Unión Europea contamine un 8% menos que en 1990. España tiene que contribuir al esfuerzo y se enfrenta a un grave problema. En el reparto de cuotas dentro de la UE, España ha firmado, rubricado y convertido en ley que sus emisiones de gases contaminantes no superarán en 2012 en un 15% las emisiones registradas en 1990.

Iberdrola apuesta por sustituir el carbón importado por gas en las centrales eléctricas y porque cada empresa gestione sus derechos de emisión

El grupo de eléctricas que encabeza Endesa ha advertido de que una mala decisión sobre el reparto de derechos encarecería la luz un 15%

"No se puede permitir que lo que es de todos [la lluvia] proporcione a una sola compañía eléctrica [Iberdrola] beneficios caídos del cielo"

"Nadie nos va a obligar a cumplir a los españoles [los compromisos del Protocolo de Kioto] sobre un escenario de empresas"

"La Unión Europea tiene que poner fechas límite para ver si se sigue manteniendo la normativa actual sobre gases contaminantes"

"Se puede y se debe cumplir con Kioto. Hay colchón suficiente para evitar que el cumplimiento afecte a la tarifa que paga el consumidor"

Eso supone que podrá lanzar a la atmósfera, como mucho 333 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) en 2012. Pero ¿cómo lograrlo cuando ya el pasado año superaba ese límite en un 38%? ¿cómo lograrlo, además, cuando el país necesita seguir creciendo, es decir, contaminando más que sus vecinos, para acercarse al nivel de vida medio de sus socios?

Reparto y responsabilidades

El grave problema afecta a varios sectores empresariales, responsables de la mitad de todas las emisiones de CO2 (electricidad, siderurgia, papeleras, refinerías, cemento, azulejos y fábricas que producen carbón de coque).

El Gobierno tiene que decidir antes del 31 de marzo qué cantidades de CO2 podrá emitir cada sector y dentro de cada sector, cada instalación. Se ha desatado la guerra y una pregunta: ¿quién es el responsable de una negociación que puede costar al país entre 1.000 y 4.000 millones de euros anuales en compra de derechos? Y más teniendo en cuenta que las emisiones por habitante son en España de 9,7 toneladas de CO2 frente a 10,9 de media en Europa.

La industria más afectada es la eléctrica y en su seno es donde la polémica es más intensa. Hay dos posturas enfrentadas: por un lado Endesa -primera eléctrica del país-, junto con Unión Fenosa, Hidrocantábrico y Viesgo; por otro, Iberdrola, apoyada por nuevos entrantes en el negocio eléctrico. El enfrentamiento es duro y, entre otras cosas, ha cuarteado los cimientos de Unesa, la patronal de las eléctricas que tradicionalmente era un remanso de paz.

Las posturas son, aparentemente, irreconciliables. Iberdrola afirma que el objetivo asumido por España se puede cumplir; apuesta por reducir el uso de carbón de importación (no el nacional) en las centrales térmicas, así como las horas de funcionamiento de éstas y centra el futuro del sector eléctrico en las centrales de ciclo combinado y las energías limpias (hidráulica, eólica, etcétera). Las centrales de ciclo combinado queman gas natural, un 60% menos contaminante que el carbón.

Además, Iberdrola quiere que el cálculo para asignar derechos tenga en cuenta las emisiones futuras, no las emisiones históricas, y que cada empresa gestione como mejor sepa y pueda los derechos que le correspondan. Según sus cálculos, el sector eléctrico necesitaría entre 2005 y 2007 unos derechos de emisión de 254 millones de toneladas de CO2. Pero aboga por un "esfuerzo adicional" asumible por el sector, para dejar esa cantidad en 209 millones.

El dilema del carbón

En el otro frente, el de Endesa, Unión, Fenosa, Hidrocantábrico y Viesgo, las peticiones y los cálculos son muy distintos. Este grupo, que suma 12 centrales térmicas de carbón (siete sólo Endesa) frente a las tres de Iberdrola, considera que los objetivos asumidos por España son "excesivos". Y ello porque el país, con crecimientos de la demanda eléctrica en 2003 de entorno al 6%, no puede prescindir del carbón. Éste, explican, supone más del 30% de la producción y es más barato y estable que el gas natural, que está referenciado en su precio al petróleo. El país tampoco puede asumir más dependencia energética del exterior, ni penalizar la historia de sus empresas. Endesa recuerda en este punto que, siendo pública, asumió la explotación y quema de carbón en zonas deprimidas.

Por ello, sus peticiones al Gobierno son 290 millones de toneladas de emisiones en el periodo 2005-2007, 81 millones más de lo que solicita Iberdrola, teniendo en cuenta las emisiones históricas de las empresas. Además, ese grupo, mayoritario en Unesa propone un sistema de gestión global y común de los derechos de emisión para evitar la especulación.

El enfrentamiento, claro está, no sólo es una cuestión teórica ni de principios. Tras él hay dinero. Contaminar va a ser caro y alguien lo tendrá que pagar. Las eléctricas que encabeza Endesa han advertido de que un mal reparto de los derechos podría encarecer la tarifa eléctrica un 15% sobre lo calculado. Son palabras mayores. Los planes del Gobierno hasta 2011 contemplan subidas anuales máximas del 2%.

El bolsillo del consumidor

Por su parte, Iberdrola -apoyada en algunos de sus planteamientos por sindicatos como CC OO- considera que cumplir con Kioto no tiene por qué afectar al bolsillo del consumidor. "Hay colchón" sostiene el consejero delegado Ignacio Sánchez Galán. Ese colchón podría ser, entre otros, el porcentaje que todos los usuarios pagan en el recibo (3,54%) por la moratoria nuclear y que debería desaparecer en 2007.

En la pugna que libran como cabezas más visibles los consejeros delegados de Endesa e Iberdrola, Rafael Miranda e Ignacio Sánchez Galán hay otros muchos elementos que hay que tener en cuenta. Primero, la historia de cada empresa y de cada gestor.

Iberdrola, que en los últimos años no invirtió tanto como sus competidores en negocios alejados de la producción eléctrica, es fuerte en producción de energía con centrales hidráulicas (que no contamina). Y ha apostado en los últimos años por las centrales de ciclo combinado (a gas) cerrando contratos de compra de gas (take for pay) que ahora necesita utilizar. Cuantas más horas funcionen sus centrales de ciclo combinado, mejor.

Además, un traslado del coste medioambiental al precio del kilowatio-hora en el mercado mayorista eléctrico podría beneficiar también a la energía de origen hidráulico y nuclear, que subiría de precio pese a no tener el componente "sucio" que encarecería el producto. Sería un buen tanto para Iberdrola. Además, está la personalidad de Sánchez Galán, un gestor llegado del sector de las telecomunicaciones que ha prometido duplicar el resultado de la compañía y que está convencido de que en estos momentos, el capitalismo vive otra revolución, en este caso no basado en la máquina de vapor, sino en la ecología.

Para el grupo Endesa, propietario de casi la mitad de los 11.000 megawatios de potencia eléctrica con carbón instalada en España, la película es distinta. Sustituir carbón por gas supondría un esfuerzo brutal para la compañía que un día fue pública. Endesa y sus aliados creen injusto que su competidor directo se beneficie de lo que denominan windfall profits (ganancias inesperadas) por el hecho de gestionar más agua que los demás y por una negociación que prime la energía hidráulica, nuclear y eólica. Rafael Miranda ha recordado esta misma semana que el gran activo de Iberdrola, la energía hidráulica, "está fuera del mercado en algunos países". Todo un aviso.

La discusión, en forma de gráficos, porcentajes, informes por sectores, cálculo de costes y un largo etcétera está sobre la mesa del secretario de Estado de Energía, José Folgado, y de la Coordinadora del Plan Nacional de Asignaciones, Belén Cristino.

Tendrán que decidir cuánto contamina cada quién, dónde y si todos los derechos que asignan son gratuitos o por el contrario, tal y como permiten las normas comunitarias, reservan un 5% del total de derechos para licitación y subasta. Los cálculos a realizar por la Administración, aún teniendo en cuenta que el periodo 2005-2007 es de prueba, son difíciles. Nadie sabe qué precio final por tonelada de CO2 fijará el mercado. Los cálculos varían hoy entre cinco y 32 euros por tonelada.

La patronal CEOE, en una postura de máximos, ha hecho llegar a Folgado en un documento su "recomendación". Ésta es simple: "seguir la iniciativa de algunos países en los que el Gobierno está asumiendo la compra de los derechos de emisión necesarios para asegurar el nivel de actividad de sus sectores económicos". En otras palabras, que el Gobierno, que negoció un plan difícil de asumir, arregle el desaguisado y no cargue el problema (y su financiación) sobre las empresas.

Otra cosa será, como destacan los sindicatos, que el problema acabe afectando al bolsillo de los contribuyentes. Empresas y empresarios confían en las palabras pronunciadas por Folgado: ""Nadie nos va a obligar a cumplir [los compromisos medioambientales de Kioto] sobre un cementerio de empresas".

Como última esperanza está la posibilidad de que la Unión Europea reconsidere sus planes. Sobre todo si Rusia (un potencial gran vendedor de derechos de emisión de dióxido de carbono gracias al desplome industrial que sufrió tras el estallido de la antigua URSS) no se suma al Protocolo de Kioto. La comisaria europea, Loyola de Palacio, ha esgrimido en varias ocasiones esa posibilidad de que la Unión Europea suavice sus objetivos.