La granja de monos de Camarles reclamará 10 millones al consistorio

La empresa Centre de Recherches Primatologiques, que mantiene un contencioso con el Ayuntamiento de Camarles (Baix Ebre) por una granja de macacos destinados a la investigación científica, reclama una indemnización de 10 millones de euros al consistorio si finalmente no logra normalizar su situación. Manuel Luque, director general de Medio Natural, aseguró el miércoles pasado que la Generalitat iniciará un proceso para clausurar definitivamente la granja.

El abogado de la empresa, Antonio Faura, defiende la validez de la licencia de actividad -otorgada por el Ayuntamiento en 2002- y que deberá ser un tribunal el que determine si el posterior acuerdo municipal que la declaró nula es válido o no. Por ello Faura considera que la Generalitat no puede legalmente borrar del registro de actividades a esta granja, que es precisamente lo que, según Luque, hará el Gobierno catalán.

"La empresa llevará el recurso contencioso hasta el final", dijo Faura, aunque señaló que, en el previsible supuesto de que éste se demore hasta el punto de que a sus clientes ya no les resulte rentable seguir en Camarles, abandonará la vía del contencioso, la empresa se irá de Camarles en busca de otro sitio fuera de Cataluña y reclamará una indemnización para recuperar la inversión y los gastos.

Según este abogado, la firma ha invertido ya unos 3,5 millones de euros entre la compra de los terrenos, la edificación, los impuestos, los sueldos a sus 20 empleados y un largo etcétera de gastos corrientes. Además, esta empresa, con sede en las Islas Mauricio, exigiría el llamado "lucro cesante", es decir, lo que habría podido ganar si se le hubiera permitido continuar la actividad, estimado en 6,5 millones. "No lo podremos pagar de ninguna forma", admite el alcalde de Camarles, Carmelo Redó (CiU). El presupuesto municipal de esta población ronda los 2,5 millones de euros.

Actualmente en la granja viven 298 macacos en proceso de engorde para su posterior venta a una empresa alemana de investigación, aunque la complejísima situación jurídica del caso obliga a los propietarios a no admitir ningún ejemplar más hasta que se resuelva. Si en un primer momento el Ayuntamiento otorgó la preceptiva licencia de actividad en 2002, ésta fue declarada nula por el pleno municipal tras la presión de múltiples manifestaciones vecinales y de protestas de entidades de protección de los animales.

La empresa recurrió contra la revocación de la licencia, que había sido otorgada poco antes de la entrada en vigor de la ley de protección de los animales de 2003, que prohíbe expresamente este tipo de centros. Pero, con la licencia en la mano, la empresa logró inscribir su granja en el registro, requisito previo para comenzar su actividad. Deshacer este entuerto puede costar ahora mucho dinero a las administraciones.