11.300 familias esperan su casa en el nuevo barrio de Carabanchel

Los futuros vecinos del nuevo barrio de Carabanchel están hartos de esperar a que les entreguen sus viviendas, que llegan, en algunos casos, con cinco años de retraso y con sobreprecios que aún no saben por qué tuvieron que pagar. El nuevo barrio, dividido en tres zonas, fue proyectado en 1995 para 11.350 familias, y algunas casas ya están hechas. Pero aún no vive nadie allí. Además, las carreteras M-45 y R-5 les han quitado parte de lo que iban a ser sus zonas verdes.

Viviendas construidas, pero sin posibilidad de ser habitadas. Zonas verdes atravesadas por autopistas. Un ruido que supera los niveles establecidos por la ley. Hasta cinco años de retraso en la entrega de las viviendas. Éste es hoy el Programa de Actuación Urbanística (PAU) o nuevo barrio de Carabanchel, que fue proyectado en 1995 para acoger a más de 30.000 vecinos en 11.350 viviendas -la mitad de ellas de protección pública, es decir, más baratas que las de mercado- entre el casco antiguo de Carabanchel, la M-40 y el límite entre Madrid y Leganés. Mañana, a las 11.30, los futuros vecinos tomarán su barrio pacíficamente, para exigir que les den sus viviendas "ya".

Desde 1997 se llevan vendiendo pisos y prometiendo que se entregarían en tres años aproximadamente, y aún no hay nadie viviendo en este nuevo barrio. En el caso de la unidad de ejecución 1 (UE-1) -hay otras dos unidades-, se acaban de empezar las primeras construcciones.

Los primeros retrasos se debieron a un colector de aguas residuales que tenía que pasar por el término municipal de Leganés. Este Ayuntamiento y el de Madrid no llegaron a un acuerdo sobre el trazado, que fue preciso modificar, lo cual encareció la obra. Aunque esta infraestructura va a atender las necesidades de todo el barrio, sólo lo pagó la unidad de ejecución 2 (UE-2).

Con el colector llegó el primer desencuentro, a tres bandas. Por un lado, Manuel Dapena, presidente de la Junta de Compensación de la UE-2 -organismo formado por todos los promotores de esa unidad-, acusa a la Gerencia Municipal de Urbanismo de mala gestión: "Suspendieron las licencias hasta que no se arregló el problema". Afirma, además, que fue la Junta la que pagó el colector. Por eso, la empresa de Dapena (Caisa), como máximo accionista -tiene el 60% de las 1.355 viviendas que se construirán en la UE-2- pagó "la mayor parte del colector". Los propietarios, por otro lado, aseguran que fueron ellos los que lo sufragaron. "Unos 2.400 euros por persona", asegura uno de los clientes de Caisa.

Pagar la diferencia

Estos clientes también acusan a Dapena de hacerles pagar sobreprecios en sus viviendas, a pesar de que la mayoría son de protección pública -con un precio máximo fijado por la Comunidad de Madrid-, en conceptos de gastos financieros o de subida del precio de los materiales. Dapena señala que estos gastos son perfectamente normales: "Si piden un crédito, tendrán que pagar los intereses, y si en vez de unos quieren otros materiales, tendrán que pagar la diferencia".

Las 1.355 viviendas de Caisa están terminadas, así como 700 más de otras promotoras, pero no se puede vivir en ellas. La razón es que aún no se ha terminado la urbanización -infraestructuras de luz, agua, etcétera- y, por ello, el Ayuntamiento no concede las licencias de ocupación.

Los nuevos vecinos acusan a Dapena, ya que la Junta de Compensación es la responsable de estas obras, de retrasar la entrega de las casas para presionar a los propietarios y que paguen más dinero. "Nosotros firmamos el precio del piso que fijaba la Comunidad en 2001, pero se nos condiciona su entrega a que firmemos el precio fijado en 2002", protesta una afectada.

Dapena responde que la construcción empezó en 2002, por lo que, según él, ése es el precio que se ha de pagar, y vuelve a echar la culpa de los retrasos a Urbanismo. Asegura que sólo falta, para completar la urbanización, formalizar un documento con el Canal de Isabel II e Iberdrola, "que estará listo en poco tiempo". Documentos que fueron entregados ayer, según declaró un portavoz del Canal. En cualquier caso, en junio de 2002 sólo faltaba por urbanizar el 5% del total, según figura en la página web de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Defensor del Pueblo

Un informe del Defensor del Pueblo, solicitado por los vecinos, critica al gobierno municipal porque podía haber completado él mismo las obras de urbanización en vista de los retrasos. El Ayuntamiento, que forma parte, por partida doble, de la Junta de Compensación -ya que la Empresa Municipal de la Vivienda ha construido varias parcelas en la UE-2-, afirma que no vio necesario terminar de urbanizar porque, según sus informaciones, la Junta ya se estaba ocupando de ello. El mismo informe, que es vinculante, también critica al Gobierno de la Comunidad de Madrid porque es el encargado de vigilar los precios de la vivienda protegida, "aunque no existan denuncias por parte de los afectados", dice textualmente.

Los pisos de Caisa, según asegura Dapena, se empezarán a enseñar a sus propietarios a partir del próximo día 16 y la licencia de ocupación "llegará pronto". Aunque por fin consigan vivir en sus casas, los futuros habitantes del nuevo barrio de Carabanchel aún no saben cuándo podrán contar con otras dotaciones fundamentales como colegios, centros sociales y médicos, lugares de ocio y centros comerciales.

Pero aquí no acaban sus problemas.

El proyecto original del PAU de Carabanchel anunciaba que el 40% de su superficie sería zona verde, contando con un área que estaba al otro lado de la M-40 y que fue cedida en 1997 al Ayuntamiento de Leganés. Al otro lado, colocado entre los edificios y la M-40, el Parque Lineal haría de pantalla natural contra los ruidos de la carretera. Pero la Comunidad de Madrid construyó en 2001 los ramales de la M-45 sobre una parte del parque. Posteriormente, la carretera de peaje R-5 también se comió otro pedazo de la zona verde y, por último, el proyecto de ampliación de la M-40, en el que se construirá una vía de servicio, pasa igualmente por estas áreas.

Los jardines del futuro barrio no sólo quedarían, con todo, reducidos "al 10% del terreno total", aseguran los vecinos, sino que algunos edificios ya se han quedado completamente pegados a la carretera. En uno de estos pisos, la unidad de control acústico del Ayuntamiento comprobó en julio del año pasado que los niveles de ruido superaban en 10 decibelios lo que establecía la ley. Con un reciente cambio de normativa, éstos se superan hoy en 20 decibelios.

El Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid afirman que son los vecinos los que han de acometer las obras de aislamiento acústico. El Defensor del Pueblo, en otro informe, señala, sin embargo, que el ministerio no puede imponer "a los particulares obligaciones" no determinadas en la ley ni, mucho menos, dejar "de velar por la integridad de los derechos fundamentales" de estos vecinos.