El alcalde de Las Rozas confía en la edil acusada de tráfico de influencias

"Tengo toda la confianza en Isabel Montero", declaró ayer el alcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago, del PP, ante el jurado popular que tiene que decidir si la concejal es responsable de un presunto delito de tráfico de influencias. Montero, responsable de la Concejalía de Servicios Sociales, está acusada de favorecer a una empresa de la que formaba parte su sobrina en la adjudicación de la ludoteca municipal en 1997.

El regidor aseguró que desconocía que existía una vinculación familiar de la edil con una de las adjudicatarias del concurso. La acusada, que prorrumpió en sollozos al final de su declaración, mantuvo que ella tampoco tenía conocimiento de este hecho.

"No tenía ni idea. Los técnicos tampoco", fue la contestación de Montero a la pregunta del ministerio público sobre si sabía que su sobrina formaba parte de la empresa Caracoles, que ganó el concurso para hacerse cargo de la ludoteca. La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Las Rozas eligió su proyecto como el más adecuado frente a otras dos ofertas; una de ellas, incluso más favorable económicamente, según la acusación. Dos de las personas que perdieron el concurso decidieron interponer una querella al sospechar que había existido un posible tráfico de influencias por parte de la edil. El ministerio fiscal y la acusación particular sostienen que la concejal ocultó este parentesco de forma intencionada.

Isabel Montero mantiene que se enteró de que su familiar formaba parte de la empresa Caracoles una semana después de producirse la adjudicación. Ese día se encontró a su sobrina en el Ayuntamiento y le preguntó qué hacía allí. Ella contestó que venía de firmar el contrato de la ludoteca. Montero asegura que en ese mismo momento le advirtió de que no quería que un familiar suyo trabajara con ella. Según la concejal, su sobrina se mostró sorprendida al enterarse de que Montero era la encargada de esa área. A la semana, la sobrina firmó la renuncia a la adjudicación. "Antes de que se interpusiera ninguna denuncia", afirmó la acusada.

Informe técnico

En su declaración, Montero señaló que el informe de la comisión informativa, que ella presidía, y en el que se basó la comisión de gobierno para dar el visto bueno a la oferta de Caracoles, lo elaboraron los técnicos de su departamento. "Lo dicen los técnicos, no yo", respondió al ser preguntada sobre el contenido del mismo, que era favorable a que se adjudicara el concurso a la empresa de su sobrina. El alcalde Bonifacio de Santiago indicó que la comisión de gobierno dio luz verde porque no vio ningún elemento para oponerse a ello. "Tenía la aprobación por unanimidad de la comisión informativa", aclaró.

La defensa mantiene que existe un ánimo de venganza en las querellantes porque ellas no consiguieron la adjudicación. A este respecto, el alcalde manifestó que conocía la animadversión de una de ellas, Ana Vázquez -también militante del PP-, hacia Montero. "No sé por qué", dijo.