Celsa despide a los 247 trabajadores de Trefilerías Quijano en Cantabria y Economía le abre expediente

Dos semanas después de anunciar el cierre "irreversible" de la fábrica de Trefilerías Quijano en Los Corrales de Buelna (Cantabria), el grupo catalán Celsa, propietario de la empresa siderúrgica, registró ayer en Santander un expediente de regulación de empleo (ERE) que contempla el "cierre inmediato" de la planta y la rescisión del contrato de sus 247 trabajadores.

La medida, aunque no es una sorpresa, modifica la decisión primera de Celsa, que preveía un cierre progresivo hasta 2005.

Ante este hecho, Economía ha abierto expediente a la empresa por incumplir sus compromisos sobre los puestos de trabajo y las inversiones previstas. Si finalmente se confirma el incumplimiento, Trefilerías perderá la subvención concedida por Incentivos Regionales de 886.000 euros, informa Efe. El presidente cántabro, el regionalista Miguel Ángel Revilla, que calificó de "terrible" e "impresentable" la clausura, dijo que le parecía lo lógico que se retiraran esas subvenciones.

Después de la presentación del ERE, se abre un periodo de 30 días para su estudio. Sin embargo, los sindicatos no piensan agotar ese tiempo. Según el presidente del comité de empresa, Alejandro González, a partir del lunes se comenzarán a estudiar las medidas de presión para evitar el cierre. El próximo miércoles, día 4, los sindicatos se reunirán con la plantilla para informar del ERE, y el viernes, los representantes sindicales de todas las empresas que el Grupo Celsa (propiedad de la familia Rubiralta) posee en Cantabria mantendrán un encuentro. Estas reuniones culminarán el sábado 7 con una asamblea en la que se estudiarán las posibles medidas de presión.

Francisco García Cobián, coordinador del sector del Metal de CC OO en Cantabria, atribuye la idea de Celsa de plantear el cierre de un solo golpe a que la empresa "si tiene que enfrentarse a un conflicto prefiere hacerlo de una sola vez y con toda la plantilla". García, quien se mostró "muy traumatizado", aseguró que el hecho de estudiar el expediente regulador no supone "en ningún caso" aceptar que se produzca el cierre y que éste se resuelva con indemnizaciones.