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Tribuna:

¿Qué hacer con los inmigrantes 'sin papeles'?

Electoralista, insuficiente, injusta, inconcreta, creará trabajadores de segunda clase...

La propuesta del presidente Bush de legalizar a más de ocho millones de inmigrantes sin papeles no ha gustado a casi nadie. Es lógico que así sea. Dejando de lado exabruptos como el del senador republicano que ha dicho que será como recompensar al que imprime billetes de banco en el garaje de su casa, el plan del Gobierno Bush crea inquietudes bastante serias entre los especialistas.

No se trata de una amnistía, similar a la que el presidente Reagan puso en marcha en 1986 y legalizó a casi tres millones de inmigrantes (es curioso que los presidentes republicanos sean, aparentemente, los más sensibles al problema de la inmigración ilegal). El plan Bush plantea conceder a los ilegales la regularización, pero sólo temporalmente: tres años renovables una sola vez. Durante este periodo de tiempo el trabajador extranjero podrá ir y volver a su país y gozará de los mismo derechos que los trabajadores norteamericanos. Pero al final tendrá que volver a su país. No han faltado las voces que han señalado las similitudes con el programa de braceros mexicanos vigente desde el final de la II Guerra Mundial hasta mediados de los sesenta y que tuvo más sombras que luces. Cualquier especialista en migraciones sabe que los programas llamados de guest workers, o trabajadores invitados temporalmente, plantean un problema insalvable para el país de acogida. Al final, los "invitados" no se quieren marchar. No hay más que recordar el origen de la mayoría de los trabajadores turcos en Alemania, invitados que nunca se fueron. ¿Cómo hacer que se vayan cuando termina el periodo legal? Se puede cargar la responsabilidad sobre el empresario, estableciendo un sistema de pagos y penalizaciones si el trabajador no vuelve a su país de origen, pero la mayor parte de los empresarios poco pueden hacer si los trabajadores deciden dejar la legalidad y volver a la sombra. Otra posibilidad es poner la presión en el propio trabajador, detrayendo de su salario una cantidad que cobrará en su país de origen al regreso. Éste fue el sistema seguido con los braceros mexicanos y muchos de ellos se vieron estafados, pues nunca disfrutaron de su dinero retenido. En ambos casos, el Gobierno debe dedicar más fondos y personal a la búsqueda y expulsión de indocumentados cuando expira su permiso. La experiencia histórica enseña que ningún sistema es eficaz. Los permisos temporales no solucionan el problema de la inmigración ilegal. A corto plazo reducen el número de trabajadores irregulares si éstos ven ventajas en salir a la luz y disfrutar de ciertos derechos, pero la bolsa de sin papeles vuelve a aparecer cuando éstos deciden no marcharse. Si además, tal y como contempla el plan Bush, se les permite traer a sus familias durante su estancia como temporales, el fracaso en conseguir su retorno está asegurado. Sin embargo, dentro de la vaguedad (calculada, sospecho) de la propuesta de Bush se habla de la posibilidad de que estos trabajadores temporales obtengan finalmente la ansiada green card americana, la residencia permanente. De confirmarse, estaríamos ante una amnistía de ilegales retardada y encubierta para no encrespar los ánimos de las bases más conservadoras del Partido Republicano y de los sindicatos.

Legalizar a millones de irregulares va a crear, asimismo, un problema añadido a la ya saturada Administración norteamericana encargada de gestionar los permisos de inmigración. Requerirá más presupuesto y más personal y, además, el proceso debería ser rápido, pues el solo anuncio de la propuesta del Gobierno hace que cada día aumente la bolsa de ilegales.

Sin embargo, no todo es negativo en la propuesta inmigratoria de Bush. Puede ser un buen sistema para aquellos inmigrantes que simplemente busquen una estancia temporal. Aumentará el salario de los trabajadores extranjeros legalizados (en California se calcula que un inmigrante legal gana en torno a un 40% más que un ilegal). Permitirá los viajes de ida y vuelta entre el país de origen y destino, es decir, básicamente entre México y Estados Unidos con la probable (esperemos) reducción de la mortalidad al cruzar la frontera, tráfico de ilegales y actividades ilícitas de los coyotes. Y finalmente, el plan de Bush tiene la virtud de poner encima de la mesa electoral el problema de los inmigrantes sin papeles. Si llega a ponerse en práctica tendrá una forma muy distinta de la propuesta original, pues es previsible que el Congreso lo modifique sustancialmente, pero a partir de este momento republicanos y demócratas van a tener que sentarse a negociar qué hacer con los inmigrantes irregulares. Al contrario que en Europa, donde en tiempo de elecciones los candidatos suelen ofrecer mano dura con la inmigración ilegal y donde el perfil xenófobo de muchas propuestas tiene tirón electoral, el presidente Bush ha lanzado al ruedo político una propuesta (con todos sus problemas) impensable en cualquier campaña electoral europea: regularizar a los inmigrantes indocumentados. En el periodo electoral que se avecina, a muchos nos gustaría saber qué piensan nuestros candidatos que hay que hacer con los inmigrantes sin papeles que trabajan en España.

Blanca Sánchez Alonso es profesora de la Universidad San Pablo-CEU. Actualmente es visitante en el Institute for the Study of International Migration de la Universidad de Georgetown.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 27 de enero de 2004