El 62% de los ciudadanos desconfía de los sorteos de pisos protegidos

Los sorteos de viviendas de protección oficial (VPO) se han convertido para miles de vascos en el único medio de poder acceder a un piso. Sin embargo, sólo uno de cada cuatro ciudadanos tiene plena confianza en este sistema de adjudicación y la mayoría cree que las viviendas protegidas no se asignan a quien realmente las necesita. Estas son algunas de las conclusiones de la última encuesta realizada por el Departamento de Vivienda del Gobierno para conocer y demandas que plantean los ciudadanos y las carencias que ven a la hora de lograr un piso o cambiar de casa.

La consejería realiza este tipo de estudios cada año, lo que le permite conocer de primera mano cuestiones como la capacidad financiera de las personas que precisan una vivienda y, sobre todo, cuantificar de una manera más precisa las necesidades. El sondeo, que revisa la situación en el año 2002, se realizó en un total de 3.199 hogares de Euskadi e inquiere, entre otras cosas, por la opinión de los ciudadanos acerca de los sorteos.

La encuesta refleja que tan sólo un 25% de los ciudadanos tiene bastante o total confianza en el sistema, mientras que cerca de un 40% asegura que no confía nada o poco en los sorteos. Mientras, en torno a un 22% declara una "confianza media". La conclusión es más demoledora cuando los ciudadanos son preguntados acerca de si las viviendas se adjudican a quien realmente las necesita: un 65% responde que no y sólo un 20% dice que sí.

Para este año, el Departamento de Vivienda tiene previsto sortear 3.011 pisos sociales y de protección oficial. Las primeras rifas se celebrarán en abril y el proceso se alargará hasta el verano. Un total de 1.310 viviendas se repartirán en Vizcaya, 541 en Guipúzcoa y el resto, 1.151 en Álava.

La lotería del sorteo

"Conseguir una vivienda de protección oficial es lo que marca la diferencia a la hora de pensar en independizarte y establecer una familia. Si te toca un piso es como si te hubiera tocado la lotería". Así piensa J. García, un joven vitoriano de 27 años que ha participado en varios sorteos, aunque sin suerte hasta ahora. Y su forma de pensar es compartida por miles de jóvenes vascos, a los que les resulta imposible acceder a una vivienda en el mercado libre debido a su altísimo coste. Las tres capitales de la comunidad son, junto a Madrid y Barcelona, las ciudades españolas con los pisos libres, tanto nuevos como usasos, más caros.

Por ello, casi todos vuelven sus ojos al mercado de la vivienda protegida, pero la actual insuficiencia de este tipo de casas, a pesar de que el País Vasco es la comunidad que más construye en el Estado, ha llevado a establecer el sorteo cómo fórmula para su adjudicación entre los demandantes.

Además del Gobierno, los ayuntamientos son los principales responsables de los sorteos. El presidente de la Asociación de Municipios Vascos-Eudel, Karmelo Sainz de la Maza, rechaza cualquier duda sobre la honestidad del proceso. "La garantía de imparcialidad en los sorteos es total. Los políticos no intervenimos para nada, estamos al margen".

Sainz de la Maza, que reconoce que el problema de la vivienda es "muy grave" en Euskadi, recuerda alguna de sus experiencias como alcalde de Leioa (Vizcaya). "Cantidad de gente viene enfadada a mi despacho en la alcaldía porque oye que los sorteos están amañados. Les convenzo de lo contrario y terminan diciendo: 'Bueno, pero ¿me puedes ayudar?'. Los sorteos son impolutos. Los políticos ni se acercan", reitera.

Lo que sí cree es que hay que afinar en el procedimiento. "La justicia está vinculada a la certeza de los datos que aportan los solicitantes", asegura. Por eso, apunta que debe existir un buen servicio de inspección que compruebe que los datos son reales; es decir, que no se poseeuna segunda vivienda, que los ingresos que se indican son ciertos y no superiores. "Es una competencia del Gobierno", puntualiza, "porque el control sobre el acceso a la renta de los ciudadanos o los demandantes que nodisponen de vivienda lo hace el Servicio Etxebide".

Otro tema clave, según Sainz de la Maza, es que hay un segmento de población que no puede acceder ni a la VPO ni al mercado libre: una clase media que por unos pocos ingresos de más no entran en los sorteos. "Esa gente está tan angustiada que intenta acceder como sea". Por eso aboga por producir vivienda a un precio tasado asequible para ese colectivo y después sortearla de acuerdo a una serie de parámetros.