Invertir en integración

Plantear la necesidad de que España invierta en la integración de los 2,5 millones de inmigrantes presentes en su suelo y de los millones más que les seguirán no es rentable electoralmente. Y sin embargo, ésta es una tarea urgente de nuestra democracia. En 2015, la cuarta parte de la población española -unos 11 millones- será inmigrante, según un reciente estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas). El pasado verano, otro estudio, éste del Instituto Nacional de Estadística (INE), preveía que en 2010 habrá en España entre 4 y 6,5 millones de extranjeros.

Es un rotundo mensaje a la sociedad española, que en un 48% considera que el número de extranjeros ya es excesivo. Esta opinión puede hacer ganar elecciones a partidos con un discurso contra los inmigrantes, pero no cambia la dirección del viento. El ejemplo más estrepitoso es lo ocurrido bajo los ocho años de Gobierno del PP, que no se caracteriza precisamente por darles una cálida bienvenida y que, más bien, ha asociado a los inmigrantes con expresiones como ilegalidad, mafias e inseguridad ciudadana. Pues bien, hoy en España residen 2,5 millones de inmigrantes, cuatro veces más que en 1996.

Se impone una gran tarea pedagógica -desde el Gobierno central, los Ejecutivos autonómicos y municipales, los medios públicos de comunicación, los partidos políticos y el sistema educativo- para que los españoles asuman lo que es inevitable. Y se impone también una gran política de adaptación a la nueva realidad de infraestructuras y servicios públicos. Escuelas e institutos, ambulatorios y hospitales, viviendas y transportes no están preparados para el reto de la inmigración. El trabajo de la Funcas recuerda que el rápido aumento de los alumnos extranjeros -se han multiplicado por 6 en apenas 10 años- ha pillado desprevenido a nuestro sistema educativo. Y el estudio del INE sobre la inmigración instaba a aumentar, "a marchas forzadas", "la inversión pública en infraestructuras de carácter social", y añadía que, en caso contrario, "incluso se reduciría el Estado de bienestar de los propios españoles".

El estudio de Funcas precisa que no existe a priori relación directa entre el crecimiento de la inseguridad y el de la inmigración, pero añade que, dadas las poco realistas vías de entrada legal en España y la insuficiencia de las políticas de integración, la marginalidad entre la población extranjera no puede sino aumentar. Si España quiere evitar que en su seno coexistan dos poblaciones y que se creen guetos en los que se cultiven actitudes y valores contrarios a la democracia, los derechos humanos y la seguridad ciudadana, debe plantearse la rápida asimilación de los inmigrantes.Eso implica gastar. Y es una gran tarea, difícilmente realizable bajo el dogma del déficit cero o con nuevas bajadas de impuestos.