Un juez investiga posibles irregularidades en cursos de formación del Samur

La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia ha hallado indicios de delito en dos denuncias presentadas por dos sindicatos de funcionarios del Samur, gestionado por el Ayuntamiento de Madrid, contra siete altos cargos del servicio. El Juzgado de Instrucción número 14 ya ha abierto "diligencias previas en orden a la depuración y concreción de los hechos" y ha unificado ambos expedientes, según un documento firmado por el fiscal jefe, Manuel Moix Blázquez.

La primera denuncia, presentada por Manos Limpias, se refiere a presuntos delitos de "prevaricación, abuso de autoridad y tráfico de influencias" cometidos en un master de Medicina de Emergencias impartido en el hospital Clínico. La segunda, presentada por CSI-CSIF, denuncia los mismos delitos y se refiere a varios cursos de formación a policías locales, según un convenio firmado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La forma en que los directivos del Samur y de la antigua Concejalía de Salud manejaban y cobraban el dinero recibido por los cursos de formación para los que eran contratados como responsables del servicio municipal de emergencias está en el origen de ambas denuncias.

Los denunciados por Manos Limpias son José Luis Gilarranz Vaquero, ex director del Samur; Juan Carlos Medina, ex jefe de departamento; José Antonio Jiménez Fraile, adjunto al anterior; Rosario Pinilla, Juan Carlos Gómez y Javier Quiroga, jefes de división del Samur, y Leopoldo Herraiz, ex portavoz del servicio. Los dos primeros fueron destituidos de su cargo el pasado 3 de diciembre, poco después de que se hiciese público que eran investigados por otro juzgado por presuntas irregularidades en la venta de material de mercadotecnia con el logotipo del Samur y pagado por los presupuestos municipales. El resto sigue en sus cargos.

Esta denuncia se refiere a las clases teóricas y prácticas del master de Emergencias. Este master estaba organizado por la Universidad Complutense y sus clases teóricas se impartían en el hospital Clínico, mientras las prácticas se realizaban con las ambulancias del Samur. Manos Limpias denuncia que mientras quienes realmente impartían las clases no cobraban por ello, o percibían menos de lo estipulado, Gilarranz repartía a discreción el dinero a allegados y amigos que, según Manos Limpias, ni siquiera llegaron a pisar las aulas. Gilarranz era el responsable de repartir el dinero que la Complutense pagaba al Samur para la remuneración de los cursos.

Entre los beneficiarios incluidos por Manos Limpias en la denuncia están Gilarranz y Vaquero, familiares de ambos, el ex concejal de Salud Simón Viñals y otras seis personas. El dinero percibido por ellos de forma supuestamente irregular ascendía a un mínimo de 10.000 euros.

La denuncia de CSI-CSIF se refiere al convenio firmado en marzo de 1999 entre el Samur y la FEMP para la realización de cursos de Atención Sanitaria por Primeros Respondientes, dirigidos a policías locales, según la denuncia. El dinero pagado por la FEMP por cada uno de estos cursos, de los que llegaron a realizarse al menos 12, era de 3.000 euros para la docencia y otros 1.050 por "material didáctico".

La FEMP remuneraba a los médicos docentes con 90 euros a la hora y a los técnicos con 60 euros a la hora. Pero el dinero que percibían era menos: 54 y 36 euros, respectivamente. Según la demanda, Gilarranz descontaba este dinero a los profesores y lo destinaba, entre otras cosas, a remunerar a un supuesto coordinador del curso, cargo que fue inventado por el propio Gilarranz. Cada coordinador recibía 861 euros por curso. "Estos coordinadores eran ficticios", afirma un portavoz de CSI-CSIF. "Nadie les vio coordinar nada ni aparecer por los cursos", añade. Los beneficiarios de este dinero son, de nuevo, los mismos que en la denuncia de Manos Limpias: familiares y allegados de los directivos del Samur.

"Material didáctico"

CSI-CSIF también denuncia el destino de los 1.050 euros por curso para material didáctico. Gilarranz, según consta en la documentación del curso, atribuyó la compra de este "material didáctico" a una empresa informática con sede en la capital. Un responsable de la empresa confirmó a EL PAÍS que "el Samur compraba cartuchos de impresora y otro material informático". "Nosotros vendemos estas cosas, y quizá ellos lo consideran material didáctico, pero para nosotros son consumibles informáticos", añadió este responsable.

Un portavoz de la Concejalía de Seguridad y Servicios a la Comunidad, cuyo titular es Pedro Calvo Poch, declinó comentar las denuncias presentadas contra los directivos del Samur: "El caso está en investigación judicial y nos atendremos escrupulosamente a lo que nos indique el juez".

Dos de los denunciados han declinado hacer declaraciones. Gilarranz, en cambio, se mostró "hastiado" del rosario de denuncias que hay en su contra. "Todos estos cursos fueron impartidos según los convenios firmados con cada institución. Al concluir la formación, todos los alumnos e instituciones mostraron su satisfacción por la calidad de la docencia. El dinero que repartimos entre todos los profesores fue el justo que cada uno merecía. No entiendo esta persecución que estoy sufriendo desde hace dos años", declaró Gilarranz sin querer entrar en más detalles.

"De lo único que soy responsable es de haber creado el mejor servicio de emergencias del mundo y eso es algo que muchos parecen no poder soportar", añadió Gilarranz. Éste afirma que ha presentado sendas denuncias contra Manos Limpias y CSI-CSIF por atentar contra su honor.