UE: la madre de todas las batallas

Los últimos tiempos no han sido buenos para la Unión Europea (UE). En un ambiente de estancamiento económico se han acumulado los fracasos en su avance hacia la unidad política: división entre la vieja Europa y Reino Unido y Francia sobre la guerra y la ocupación de Irak; incapacidad para consensuar una Constitución que convierta a los ciudadanos nacionales en ciudadanos europeos; voladura del Plan de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y, de nuevo, incapacidad para sustituirlo por unas normas presupuestarias estatales más flexibles y realistas, y, muy recientemente, un balance bastante negativo sobre las pautas de la cumbre de Lisboa, de marzo del año 2000 (empleo, productividad y competitividad), para hacer de Europa "la economía basada en la tecnología del conocimiento más competitiva antes de 2010".

A pesar de todo, este pesimismo puede ser un estado de ánimo apetecible en comparación con el que posiblemente se genere a partir de ahora, cuando comience la madre de todas las batallas: la discusión del marco presupuestario para el periodo 2007-2013. Teniendo en cuenta que a las dificultades históricas de este tipo de debates se le une el hecho central de que, a partir de mayo, la UE de 15 devendrá en la UE de 25 miembros y, más tarde, de 27.

Antes de llegar a la guerra de movimientos, esta batalla se ha desarrollado, haciendo una analogía gramsciana, como guerra de posiciones. La primera la tomó la Comisión Europea (CE), cuyo presidente, Romano Prodi, logró que a finales del pasado año los Quince aprobasen la Iniciativa de crecimiento estratégico, un gran plan de inversiones públicas con dos grandes objetivos: activar la Europa de los ciudadanos a través de redes de comunicación transfronteriza y multiplicar el crecimiento con la palanca de la inversión pública. Un programa keynesiano avalado por los ministros de Economía, que, una década antes, se cargaron una política similar, entonces promovida por Jacques Delors.

La reacción llegó hace escasas semanas de mano de los seis principales países contribuyentes netos (aportan más de lo que perciben) de la UE. Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda, Suecia y Austria escribieron una carta a Prodi en la que le pedían que, a la hora de elaborar los presupuestos comunitarios de los próximos siete años, no sobrepasase el 1% del PIB de la zona (el tope legal, al que nunca se ha llegado, es el 1,27%). Entienden estos países que es contradictorio que la CE les pida dolorosos recortes del gasto público y al mismo tiempo les demande un incremento de las ayudas que ellos, como donantes netos, transfieren a los demás.

La tercera posición la marcará la CE el 10 de febrero, cuando presente su documento de discusión de esas perspectivas presupuestarias 2007-2013. El borrador conocido hasta ahora es muy reformista: incremento del presupuesto al 1,24% del PIB; redistribución de las partidas de ese presupuesto, disminuyendo las ayudas agrícolas y las regionales (con lo que España se convertiría en una de las grandes perjudicadas) y concediendo la prioridad al crecimiento económico: I+D, competitividad, inversión pública en infraestructuras, mejora de la educación y desarrollo de la cohesión, la protección y la agenda social, características del modelo europeo. Todo ello motivado por el hecho de que el potencial de crecimiento de la zona ha bajado de un 3% del PIB a un birrioso 2%. Pero la CE sólo hace el disparo de salida. La discusión la tendrán los Gobiernos y el acuerdo ha de adoptarse por unanimidad. No es arriesgado pensar que la contradicción principal se producirá entre los nuevos miembros, más pobres (que serán beneficiarios netos) y la mayoría de los actuales miembros, los ricos, que deberán poner más dinero y recibir menos. ¿Es factible un debate en estos términos en el ambiente de subasta impositiva a la baja que domina en la mayor parte de los países? La posibilidad de crear un impuesto europeo es hasta ahora tan sólo eso: una posibilidad.