Economía y política

La Comisión Europea acaba de dar a conocer un informe sobre el grado de cumplimiento en cada país de los objetivos de competitividad y pleno empleo al final de la década, tal como fueron fijados en marzo de 2000 en la cumbre de Lisboa. El informe reconoce los avances de España en creación de empleo (a un ritmo del 1,6% anual, frente a una media del 0,6%) y en otros terrenos, pero constata "el pobre crecimiento de la productividad", lo que, "unido a los relativamente bajos niveles de formación" y a la lentitud de la adaptación a la economía del conocimiento, suscita "preocupación sobre los resultados a largo plazo".

El discurso electoral del PP hace depender de su continuidad en el Gobierno el mantenimiento de la buena marcha de la economía. El modelo de crecimiento basado en mano de obra barata y empleo precario de jóvenes, y centrado en la construcción, se ha revelado eficaz para abordar el principal problema que tenía España hace una década: una tasa de paro que doblaba la media europea. Pero será menos eficaz tras la incorporación a la UE de países con menores costes salariales, como ya se está viendo. Y no contamos con un crecimiento de la competitividad -de producto por trabajador- que compense esa desventaja comparativa. En investigación y desarrollo (I+D) España está en el decimotercer lugar de los Quince, y por debajo de futuros socios como Eslovenia o la República Checa, países adonde se dirigen las deslocalizaciones originadas por costes salariales altos.

El programa económico del PSOE parte de esa constatación a la hora de establecer sus prioridades. No es que el Gobierno ignore lo que dice la UE, pero considera más rentable la consigna -que parece diseñada para alguien como Rajoy- de que si algo va bien es mejor no mover nada. Pero para que siga yendo bien hay que cambiar, advierte Bruselas. Por ejemplo, hay que invertir más en capital humano. Y España ocupa el lugar 22, sobre los 25 países de la futura UE, en porcentaje de jóvenes que han superado la enseñanza secundaria.

Aznar fue, con Blair, el dirigente europeo que más se distinguió en la defensa de los objetivos máximos de la agenda de Lisboa: flexibilización laboral para alcanzar pleno empleo, y crecimiento de la productividad mediante inversiones en tecnología, educación e innovación. Bruselas confirma que aunque la economía española haya crecido a buen ritmo, su productividad está casi estancada: 0,6% de incremento anual, frente a una media del 1,9% entre 1980 y 1996. Y la tasa de paro, del 11,3%, sigue siendo la más alta de la UE, con la particularidad de que un tercio de los empleos totales, y dos tercios de los de menores de 25 años, son precarios. Una precariedad que desincentiva la formación. Aunque la economía vaya bien, hay, por tanto, suficientes interrogantes como para que nuestro modelo de crecimiento ocupe un lugar central en el debate electoral.