Un pueblo vendido al mejor postor

La localidad valenciana de Llaurí (1.300 habitantes) perdió ayer en menos de una hora buena parte de su escaso patrimonio municipal, vendido al mejor postor. La nefasta gestión en el pasado de un alcalde, Vicent Climent Cardona, condenado por falsedad en documento público y desobediencia, ha llevado a la ruina al ayuntamiento, que debe hacer frente a una deuda de más de dos millones de euros, reconocida por la Justicia a una empresa de compra-venta de terrenos. "Estamos en una situación muy complicada, atados por un embargo", reconocía ayer la alcaldesa, la socialista Ana González, momentos antes de que la Audiencia de Valencia subastara los bienes de Llaurí.

El camino hacia la bancarrota municipal se abrió hace 15 años, cuando Climent -entonces en el PSOE, que luego abandonó-, apodado El Sheriff, adquirió suelo para crear un polígono industrial y registró a nombre del ayuntamiento terrenos que resultaron ser propiedad de la empresa Transforma. Así lo reconocieron sucesivas sentencias, que le condenaron por falsedad documental y le obligaron a indemnizar a la firma.

Los lotes puestos a subasta incluían la casa consistorial, varias calles y el centro médico

Climent se declaró insolvente, y el ayuntamiento, responsable civil subsidiario, no pudo hacer frente al pago. "Nuestro Presupuesto es de unos 600.000 euros, no podemos pagar, y por eso nos embargaron en septiembre de 2002", explicó el concejal del Bloc Nacionalista Valencià Juan Carlos Ribes, quien acudió a la subasta para apoyar a la alcaldesa. Durante más de un año, el Consistorio ha tenido que pedir autorización de cualquier gasto a la Audiencia, "incluso para cambiar las bombillas de las farolas", recordó González. Los intentos de llegar a un acuerdo con el propietario de Transforma, Carlos Gilabert, han fracasado "por enfrentamientos políticos", se lamentó Ribes.

"Yo sólo quiero que me paguen lo que me deben, ya está", declaró ayer Gilabert. Así las cosas, no quedó más remedio que subastar el patrimonio de Llaurí, un polígono industrial de 20.000 metros cuadrados, campos de naranjos y otras fincas rústicas, y la casa que ocupa la maestra. Sorprendentemente, los 12 lotes incluían el ayuntamiento, varias calles, el centro médico y parte de un parque, en principio bienes de dominio público que no pueden ser embargados. Así se lo había advertido el Consistorio al tribunal, pero éste no se ha pronunciado sobre estos bienes.

Los participantes en la subasta sí lo tenían claro. Nadie pujó por estas propiedades. Arremolinados en torno al ordenador que registraba las ofertas, los pocos interesados sólo prestaron atención a tres lotes. El polígono industrial se lo adjudicó por 1.110.000 euros Transforma, que se asegura un buen negocio. Una mujer de Benicull adquirió por 38.000 euros unos campos de naranjos, y otra finca quedó, por 26.000 euros, en manos de la esposa de un concejal de Llaurí, quien lamentó que no participaran más vecinos para subir el precio.

La subasta del resto de lotes quedó desierta, para alegría de la maestra, Gloria Colubi, que aún no había hecho las maletas porque "no se tira la toalla antes de tiempo". "Dentro de lo malo, si se desarrolla el polígono se crearán empleos", declaró la alcaldesa, aliviada porque lo conseguido en la subasta cubra casi el principal de la deuda y se abra la posibilidad de "refinanciar" el pago de los intereses de demora, que pueden ascender a un millón.

Lejos de Valencia, Vicent Climent sigue pensando que no es responsable "de este lío". Concejal desde el pasado mayo por el Partido Socialdemócrata Independiente, con 107 votos, reconoce que "la situación es mala", pero saca pecho: "Que se presente la quiebra y se ha terminado".