El PP incumple su código ético en el caso de Fabra y del alcalde gallego condenado

La dirección del PP ha incumplido su propio código ético en los casos de la mediación de Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, a favor de negocios familiares, y de Jesús Ares, alcalde de Toques (A Coruña), condenado por abusar de una menor. Dicho código exige el cese del cargo al que se abra una investigación judicial, como ha ocurrido en los dos casos. El alcalde de Toques pidió ayer la suspensión temporal de militancia en el PP. Reclamó que sólo fuera temporal hasta que haya sentencia firme pues va a recurrir. La dirección del PP se la aceptó de inmediato. Está suspendido.

La colisión del código con el proceder ya acreditado de ambos altos cargos del Partido Popular, con responsabilidades públicas, se resume en los siguientes puntos.

- Dimisión al ser investigado. Los cargos públicos del PP están obligados a "comunicar a la dirección del PP y a poner a su disposición el puesto público que desempeñaran si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional pueden observarse indicios racionales de la comisión de un delito". La juez de Nules, Castellón, que recibió una denuncia del empresario Vicente Vilar contra Fabra por supuestos pagos a cambios de favores políticos, tras archivarla por defectos de forma, abrió de oficio diligencias para aclarar si "existen uno o varios" delitos contra la Administración pública. Este tipo delictivo incluye la figura del tráfico de influencias. Asimismo, remitió a la fiscalía los hechos denunciados perseguibles de oficio. Por tanto, existen dos investigaciones vivas sobre Fabra. Este punto es reinterpretado de la siguiente manera, según explica Rafael Hernando, portavoz del PP: "Últimamente esperamos a las sentencias, salvo que se trate de un delito flagrante. En este caso, la gente de Valencia lo que nos ha dicho es que era más una cosa intencionada que real, más propia del debate político que una evidencia real de tráfico de influencias".

Hernando detalla cuál es la nueva lectura del término "indicios racionales" del código ético interno. "¿Hay indicios racionales? Lo que hay son indicios que llevan a la apertura de una investigación por un juez que tiene que investigar el caso. ¿Cuándo se confirman esos indicios? Cuando se confirman por una sentencia. Eso es lo que nosotros hemos interpretado con el desarrollo de la norma del código ético. ¿Por qué? Pues por la experiencia. Tuvimos casos de estos en 1999 cuando estábamos haciendo las listas. Y les quitamos de las listas. Resultaron denuncias infundadas. Les destrozamos la vida política y personalmente". Conclusión: "Hemos interpretado la norma. Salvo que haya algo descarado, esperamos a la resolución del sumario porque no tenemos los medios que tiene el sistema judicial para garantizar los derechos ni para investigar". En el caso de alcalde de Toques (A Coruña), Jesús Ares, condenado por abusos a una menor, el PP aplica desde ayer su código interno, le ha suspendido cautelarmente.

- Investigación interna. "El PP asume el compromiso de abrir en cualquiera de estos casos una comisión de investigación interna que esclarezca los hechos y que, a su vista, hará públicas las conclusiones de su informe, así como las sanciones que de ello puedan derivarse en aplicación del reglamento de conflictos y disciplina", reza el código. "En Valencia, le investigaron y le estuvieron pidiendo datos de lo que había en ese asunto. Y nos dijeron que, en principio, no había nada. Era una cuestión que tenía que ver con una venganza", explica Hernando.

- Expulsión por beneficiarse. "Constituirá motivo de expulsión inmediata del partido, sin perjuicio de las responsabilidades de otra índole que pudieran deducirse, la utilización del propio nombre, posición o relación dentro del partido o en un cargo público, para obtener lucro, trato o favor personal o beneficio para sí o para terceros", proclama el código. Un amplio listado de ministros, ex ministros y altos cargos han reconocido que Fabra directamente, o indirectamente a través de diputados amigos o subordinados, realizó gestiones o cerró reuniones para tratar de productos fitosanitarios que en unos casos estaban registrados por la empresa de su mujer y en otros comercializaba la empresa que le pagaba por supuestos informes. "Tenemos que saber si ha habido una mediación que suponga tráfico de influencias o es lo típico de que un sector te pide que intentes que les quiten el IVA. Lo que hay que demostrar es que ha cobrado por esas gestiones". En todo caso, "es un tema que está en la dirección regional. Hemos pedido que nos hagan un informe y lo estarán haciendo. Es frecuente hacer gestiones por empresarios. Hay una línea sinuosa que se cruza cuando cobras por ello. Y eso no está demostrado", concluye Hernando.