La fiscalía promete al PSOE combatir la explotación de los inmigrantes

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, se ha comprometido ante el portavoz socialista en la Asamblea, Rafael Simancas, "a seguir combatiendo, con todo el celo y la meticulosidad necesarios", la explotación laboral y el tráfico de personas a los que están sometidos numerosos inmigrantes. Simancas presentó en diciembre un escrito a la fiscalía pidiendo "la puesta en marcha, con carácter urgente, de actuaciones dirigidas a investigar y perseguir delitos como el tráfico de personas o los que atentan contra los derechos de los trabajadores, que tienen como principales víctimas a los inmigrantes".

Moix, en su respuesta, reconoce que en el trabajo diario de la fiscalía se advierten "con claridad" los problemas denunciados por el portavoz socialista. "Hasta el punto de haberse originado una especial sensibilidad en la persecución de aquellos delitos que tienen como víctima a este sector de la población (los inmigrantes), dada la evidente situación de desamparo que, en no pocas ocasiones, presentan tales personas", afirma.

Pero el fiscal jefe puntualiza que en la tarea "concurren especiales circunstancias que dificultan enormemente la persecución de estos delitos". "Por un lado es frecuente tener que enfrentarse con una verdadera delincuencia organizada, cuya estructura trasciende nuestras fronteras, lo que exige una labor de investigación policial de larga duración y coordinada internacionalmente. Eso hace que, de resultar exitosa la investigación, la respuesta judicial no sea todo lo ágil que se desearía", apostilla.

Moix resalta que suele ser habitual que las propias víctimas no se atrevan a denunciar los abusos sufridos por desconocer sus derechos, por desconfianza hacia las instituciones o por miedo a represalias por parte de los denunciados. "Tales circunstancias constituyen un obstáculo para el descubrimiento y la persecución de los delitos, pues, o bien se desconoce su existencia o bien ya no es posible contar con pruebas de cargo que puedan sustentar una condena penal", añade.

Africanos desde Canarias

Hace días el portavoz socialista denunció también que cada semana el Ministerio del Interior sigue trasladando a Madrid a decenas de subsaharianos de los que llegan a Canarias en pateras. Estos inmigrantes no pueden ser repatriados porque ningún país se hace cargo de ellos, ya que, o se ignora su procedencia (suelen viajar sin documentación para evitar que se les expulse) o sus países no tienen firmados convenios de repatriación con España.

No se les puede expulsar, pero tampoco se les concede ningún permiso de residencia, por lo que se desenvuelven en un limbo legal que les empuja a la marginación y, a veces, también a la delincuencia. "Estas personas son literalmente abandonadas en Madrid sin ningún tipo de documentación y sin que se les faciliten recursos para su integración", reflexiona Simancas.