Italia emprende la gran reforma de Berlusconi para descentralizar el Estado
El Senado debate un proyecto que dota de más poderes al primer ministro italiano
El Senado italiano empezó ayer a debatir la reforma constitucional más profunda desde la caída de la monarquía. Los objetivos del Gobierno de Silvio Berlusconi consistían en reforzar el poder ejecutivo y en crear un Estado de tipo más o menos federal; ante un proyecto de tanta envergadura, sin embargo, la propia mayoría conservadora mostraba fisuras y la oposición rechazaba el texto con la promesa de "combatir hasta el final" por "la unidad de Italia y los principios de la democracia y la libertad". El clima político, deteriorado por una sucesión de escándalos financieros y de reveses gubernamentales, parecía poco propicio para alcanzar un acuerdo que garantizara una Constitución duradera.
La reforma constitucional, una de las promesas electorales más importantes de Berlusconi, contaba en principio con un cierto consenso, centrado en la necesidad de fortalecer el poder ejecutivo y acabar con la crónica debilidad gubernamental que caracterizó a la Primera República. La coalición de centro-izquierda El Olivo ya hacía referencia a ello en su programa de 1996. La descentralización, llamada inicialmente devolution (siguiendo el modelo de Tony Blair en el Reino Unido) y ahora federalismo en los textos gubernamentales, constituía, por el contrario, un foco de conflictos. Flotaba sobre el Senado la impresión de que Berlusconi se había empeñado en un cambio histórico simplemente para satisfacer a la Liga Norte de su aliado Umberto Bossi, y que la reforma estaba muy poco madurada.
El propio Bossi elevó la tensión el pasado fin de semana al exigir que la nueva Constitución permitiera que las asambleas regionales (ya existentes) pudieran unirse. Su idea era facilitar, en el futuro, la fusión de las asambleas de Lombardía, Véneto y Piamonte en un Parlamento del Norte. Alianza Nacional (AN) y Unión de los Demócrata Cristianos (UDC), los otros dos partidos coaligados con la Forza Italia berlusconiana, se negaron en redondo a permitir esa confederación y amenazaron con bloquear todo el proyecto. "Las fugas hacia adelante podrían acabar rompiendo la propia coalición de gobierno", advirtió AN.
La Conferencia Episcopal también se pronunció contra las tesis de Bossi. Las reformas institucionales, dijo el cardenal Camillo Ruini, presidente de los obispos italianos, no debían vulnerar, "ni siquiera en apariencia, la unidad nacional". Umberto Bossi puntualizó que deseaba "unidad en la diversidad" y que un hipotético Parlamento del Norte "no sería legislativo, sino consultivo", y recordó que la Iglesia católica había impedido durante siglos la unificación de Italia.
Berlusconi, ausente de la vida pública desde que a fines de año se sometió a la cirugía estética, tuvo que hacer un uso intensivo del teléfono para disuadir a Bossi y para calmar a Giancarlo Fini (AN) y Marco Follini (UDC), los aliados en rebelión contra el federalismo de la Liga Norte.
La oposición de centro-izquierda, caracterizada por sus conflictos internos y por ocasionales crisis de incoherencia, optó por una oposición frontal al texto pactado por los partidos en el Gobierno. Margarita, Demócratas de Izquierda y demás partidos opositores afirmaron que el robustecimiento del Ejecutivo mermaba la democracia y, sobre todo, alzaron la bandera de la unidad nacional frente al "secesionismo del norte".
La oposición intentó ayer que el proyecto de reforma fuera devuelto a comisión, pero el Gobierno obtuvo la mayoría de los votos y comenzaron los debates en el pleno. El senador que coordinaba a los parlamentarios de centro-izquierda, Franco Bassanini (DS), diseccionó el proyecto gubernamental e hizo notar que, entre otros errores y contradicciones, no establecía con claridad a quién correspondería en el futuro la competencia en materias como la energía, las comunicaciones o las reglamentaciones profesionales.
Según Bassanini, la falta de talante negociador y la "obstinación irracional" de la mayoría conservadora hacían imposible la corrección de errores y la creación de un "consenso imprescindible". "A Italia no le hace ninguna falta una Constitución que dure pocos años y sea preciso cambiar ya en la próxima legislatura", dijo. Bassanini prometió usar "todos los argumentos racionales" para convencer al Gobierno por la vía parlamentaria, e hizo un llamamiento a todos los senadores que tuvieran "en el corazón la unidad de Italia y los principios de democracia y libertad".
Más poder para el primer ministro
El proyecto de ley de reforma de la Constitución transforma Italia en un Estado federal y refuerza el poder ejecutivo frente al legislativo.
- Presidente de la República. Queda como "garante de la Constitución" y "representante de la unidad federal de la nación", con poderes simbólicos; pierde la facultad de vetar leyes que le parezcan inconstitucionales.
- Primer ministro. El cargo de presidente del Gobierno cambia su nombre por el de primer ministro y adquiere plenos poderes ejecutivos. Podrá nombrar y cesar a sus ministros (ahora necesita aprobación parlamentaria) y anticipar las elecciones generales disolviendo la Cámara de Diputados. Antes de cada elección, cada partido deberá hacer público a quién piensa votar como primer ministro una vez constituida la Cámara.
- Senado. Se transforma en Cámara de las Regiones e incluirá, como senadores, a los gobernadores de cada región. Contará con 200 miembros regulares elegidos por sufragio universal en su región o entre las colonias de italianos en el extranjero, y con tres senadores vitalicios.
- Cámara de Diputados. Pierde la facultad de derribar al Gobierno con una moción de censura simple: como en España, para que caiga el primer ministro deberá obtener mayoría parlamentaria un candidato rival.
- Federalismo. Las regiones asumen plenas competencias en materia de sanidad, organización escolar, policía local y, en principio, cualquier materia no expresamente reservada al Estado federal.
- Capital federal. La ciudad de Roma tendrá una forma especial de autonomía, cuyos términos serán establecidos en el futuro estatuto de Lazio, la región de que forma parte.
- Tribunal Constitucional. Pasa de 15 a 19 miembros, con un mandato de nueve años. Cinco jueces serán nombrados por el presidente de la República, tres por la Cámara, seis por el Senado y cinco por el Tribunal Supremo.
