Italia emprende la gran reforma de Berlusconi para descentralizar el Estado

El Senado italiano empezó ayer a debatir la reforma constitucional más profunda desde la caída de la monarquía. Los objetivos del Gobierno de Silvio Berlusconi consistían en reforzar el poder ejecutivo y en crear un Estado de tipo más o menos federal; ante un proyecto de tanta envergadura, sin embargo, la propia mayoría conservadora mostraba fisuras y la oposición rechazaba el texto con la promesa de "combatir hasta el final" por "la unidad de Italia y los principios de la democracia y la libertad". El clima político, deteriorado por una sucesión de escándalos financieros y de reveses gubernamentales, parecía poco propicio para alcanzar un acuerdo que garantizara una Constitución duradera.

La reforma constitucional, una de las promesas electorales más importantes de Berlusconi, contaba en principio con un cierto consenso, centrado en la necesidad de fortalecer el poder ejecutivo y acabar con la crónica debilidad gubernamental que caracterizó a la Primera República. La coalición de centro-izquierda El Olivo ya hacía referencia a ello en su programa de 1996. La descentralización, llamada inicialmente devolution (siguiendo el modelo de Tony Blair en el Reino Unido) y ahora federalismo en los textos gubernamentales, constituía, por el contrario, un foco de conflictos. Flotaba sobre el Senado la impresión de que Berlusconi se había empeñado en un cambio histórico simplemente para satisfacer a la Liga Norte de su aliado Umberto Bossi, y que la reforma estaba muy poco madurada.

El propio Bossi elevó la tensión el pasado fin de semana al exigir que la nueva Constitución permitiera que las asambleas regionales (ya existentes) pudieran unirse. Su idea era facilitar, en el futuro, la fusión de las asambleas de Lombardía, Véneto y Piamonte en un Parlamento del Norte. Alianza Nacional (AN) y Unión de los Demócrata Cristianos (UDC), los otros dos partidos coaligados con la Forza Italia berlusconiana, se negaron en redondo a permitir esa confederación y amenazaron con bloquear todo el proyecto. "Las fugas hacia adelante podrían acabar rompiendo la propia coalición de gobierno", advirtió AN.

La Conferencia Episcopal también se pronunció contra las tesis de Bossi. Las reformas institucionales, dijo el cardenal Camillo Ruini, presidente de los obispos italianos, no debían vulnerar, "ni siquiera en apariencia, la unidad nacional". Umberto Bossi puntualizó que deseaba "unidad en la diversidad" y que un hipotético Parlamento del Norte "no sería legislativo, sino consultivo", y recordó que la Iglesia católica había impedido durante siglos la unificación de Italia.

Berlusconi, ausente de la vida pública desde que a fines de año se sometió a la cirugía estética, tuvo que hacer un uso intensivo del teléfono para disuadir a Bossi y para calmar a Giancarlo Fini (AN) y Marco Follini (UDC), los aliados en rebelión contra el federalismo de la Liga Norte.

La oposición de centro-izquierda, caracterizada por sus conflictos internos y por ocasionales crisis de incoherencia, optó por una oposición frontal al texto pactado por los partidos en el Gobierno. Margarita, Demócratas de Izquierda y demás partidos opositores afirmaron que el robustecimiento del Ejecutivo mermaba la democracia y, sobre todo, alzaron la bandera de la unidad nacional frente al "secesionismo del norte".

La oposición intentó ayer que el proyecto de reforma fuera devuelto a comisión, pero el Gobierno obtuvo la mayoría de los votos y comenzaron los debates en el pleno. El senador que coordinaba a los parlamentarios de centro-izquierda, Franco Bassanini (DS), diseccionó el proyecto gubernamental e hizo notar que, entre otros errores y contradicciones, no establecía con claridad a quién correspondería en el futuro la competencia en materias como la energía, las comunicaciones o las reglamentaciones profesionales.

Según Bassanini, la falta de talante negociador y la "obstinación irracional" de la mayoría conservadora hacían imposible la corrección de errores y la creación de un "consenso imprescindible". "A Italia no le hace ninguna falta una Constitución que dure pocos años y sea preciso cambiar ya en la próxima legislatura", dijo. Bassanini prometió usar "todos los argumentos racionales" para convencer al Gobierno por la vía parlamentaria, e hizo un llamamiento a todos los senadores que tuvieran "en el corazón la unidad de Italia y los principios de democracia y libertad".