PSOE y CiU exigen que se restituya la pensión a huérfanos discapacitados

El PSOE y Convergència i Unió (CiU) exigieron ayer que se restituya a los discapacitados el derecho a percibir una pensión de orfandad y la asignación por hijo o acogido minusválido, que son incompatibles desde el pasado 1 de enero. Consuelo Rumí, secretaria de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE, considera "vergonzoso" que el Gobierno cierre el Año Europeo de los Discapacitados "recortando derechos a miles de personas con discapacidad en un grado igual o superior al 65% en lugar de avanzar en su integración social".

Por su parte, el ex portavoz de Política Social y Empleo del Grupo Catalán, Carles Campuzano, reclamó al Gobierno que apruebe un decreto ley con carácter urgente para evitar que numerosos minusválidos se queden sin una prestación de 300 euros mensuales, lo que representa casi el 40% de sus ingresos. Campuzano recordó que durante la tramitación parlamentaria de la Ley de Medidas Específicas en Materia de Seguridad Social su grupo, con el apoyo del resto de la oposición, pidió que se mantuviera la compatibilidad de ambas prestaciones, a lo que se opuso el PP.

"El Gobierno fue insensible a la realidad de las familias más modestas con hijos incapacitados y ahora debe rectificar para no dejarlas en la miseria", declaró. "No se puede esperar al inicio de la nueva legislatura para resolver el problema creado", dijo para defender la inmediata aprobación de un decreto ley.

Los socialistas no confían tanto en una rectificación del Gobierno como en su propia victoria electoral. "El PSOE corregirá este atropello, porque tal como aprobamos en nuestra Conferencia Política el pasado fin de semana, nos comprometemos a volver a hacer compatible la pensión de orfandad con la protección familiar para los mayores de 18 años con discapacidad que ahora ha suprimido el PP", recordó Rumí.

"En España", explicó, "el 94% de las personas con discapacidad severa son atendidas casi en exclusiva por sus familias, mientras que el Gobierno no quiere crear una red pública de servicios sociales. Por si el abandono de estas personas a su suerte fuera poco, el Gobierno decide la incompatibilidad del cobro de dos pensiones, obligando a vivir a miles de personas que sufren discapacidad severa con aproximadamente 350 euros al mes".

"Ésta es la política social que practica el PP: dar cada vez menos a los que menos tienen, a las personas más desfavorecidas", concluyó la dirigente socialista tras destacar, en alusión a la publicidad del Ministerio de Trabajo sobre las pensiones, que "de estos cambios no se hace campaña publicitaria. Quitar ayudas a los discapacitados son cosas que el señor Zaplana prefiere hacer con el mayor sigilo".

También el sindicato UGT expresó su rechazo ante "el nuevo tijerazo a las prestaciones por discapacidad", que consideró "una muestra más de la política antisocial del Gobierno", e insistió en la necesidad de "establecer un sistema de protección social reforzado que atienda las demandas del colectivo de personas con discapacidad, con especial atención a los que tienen menos capacidad económica". La nota de UGT recuerda que para beneficiarse de esta prestación familiar no sólo es necesario tener un grado de discapacidad de al menos el 65% sino que "se considera como requisito indispensable que los ingresos no superen el límite de 8.264 euros para el año 2003".

El Ministerio de Trabajo no ha revelado la cifra de personas que simultanean las dos prestaciones. Fuentes del PSOE calculan que pueden ser entre 7.000 y 10.000, lo que supondría un coste de unos 30 millones de euros al año, similar al de las dos últimas campañas publicitarias del Ministerio de Trabajo.