El PP impide que el 'caso Fabra' se debata en las Cortes Valencianas

La Mesa de las Cortes Valencianas, en la que el PP cuenta con mayoría absoluta, rechazó ayer la convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara para que el Consell que preside Francisco Camps explicara su postura en torno al caso Fabra. Carlos Fabra, presidente de la Diputación y del PP de Castellón, fue denunciado por el empresario Vicente Vilar por presunta estafa, falsedad documental y apropiación indebida. El PP argumentó que el caso no reúne las condiciones de hecho alarmante o excepcional que establece el reglamento de las Cortes para la convocatoria de la Diputación Permanente y añadió otra razón para rechazar la pretensión de la oposición: el asunto está en manos de la justicia. Los grupos de la oposición, PSPV-PSOE y Esquerra Unida-L'Entesa, acusaron a los populares de querer "tapar" determinadas cuestiones.

El portavoz socialista, Joan Ignasi Pla, recordó que el presidente Camps se comprometió en su debate de investidura a revitalizar el Parlamento como espacio de discusión. Y el portavoz adjunto de EU-L'Entesa, Joan Antoni Oltra, lamentó la muestra de "intolerancia y de falta de transparencia" del PP. El popular Serafín Castellano acusó a la oposición de querer "sacar provecho de todo". "Hay que dejar con normalidad y con tranquilidad que los tribunales de justicia resuelvan lo que tengan que resolver", añadió.

Desmentido de Arias Cañete

Por otro lado, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias Cañete, negó ayer en Alicante, tras inaugurar las obras de modernización y consolidación de regadíos de las comunidades de regantes de Monteagudo y Monforte del Cid, haberse reunido "jamás" con el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ni con su ex socio, el empresario Vilar. Arias Cañete rechazó las acusaciones de Vilar sobre el trato de favor dispensado en el Ministerio de Agricultura a favor de productos fitosanitarios de la empresa Naranjax y defendió a todos los funcionarios de su ministerio.

"Nunca hemos cedido a ningún tipo de presión que se pueda realizar sobre nosotros, ni en éste ni en ningún otro caso", dijo el ministro, que añadió: "Aunque me hubiera reunido con ellos [Fabra y Vilar] mi decisión habría sido la misma" sobre los permisos a la comercialización de los diferentes productos fitosanitarios que representaban. Arias Cañete apuntó que la "primera preocupación de este Gobierno ha sido la seguridad alimenticia y para ello hay que cumplir los reglamentos comunitarios y estatales sobre garantías sanitarias", que justifican los retrasos en la tramitación de autorizaciones. El ministro aseguró que las imputaciones a los funcionarios de Agricultura "son falsas y las razones del retraso en la tramitación de expedientes se deben a la falta de personal y al cumplimiento exquisito de cada una de las exigencias legales en cada procedimiento".