"Hacer cárceles no es un símbolo de buena política, y tenerlas llenas es un fracaso"

Josep Maria Vallès (Barcelona, 1940) es el único integrante de Ciutadans pel Canvi que ha llegado a consejero. En los días previos a la formación de Gobierno se dijo que se resistía a la cartera de Justicia que ahora ocupa. Aunque participó en la Assemblea de Catalunya, su perfil es el de un académico y teórico, más que el de un político profesional. Fue rector de la Universidad Autónoma de Barcelona entre 1990 y 1994 y preside la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración. Para Vallès, la política es "gestionar diferencias de opiniones y de intereses e intentar que esos intereses acaben beneficiando a la colectividad".

Pregunta. En el primer nivel de cargos del departamento ha designado a personas de procedencias muy distintas: desde el ex secretario de Filesa, Isidoro García, a una juez del Tribunal Superior, Núria Cleríes. ¿Cómo se explica esta diversidad?

"La política judicial que defendemos se basa en la proximidad y en la eficiencia"

Respuesta. El equipo que estoy haciendo es una combinación de personas que tienen espíritu de servicio público y experiencia de gestión. Algunas de ellas han de tener un conocimiento directo de lo que es la Administración de justicia. No se ha acabado de completar el equipo y mi idea es que el nivel de directores generales sea de funcionarios de carrera, aunque actualmente no es preceptivo.

P. Usted se ha distinguido en los últimos años por marcar distancias con el aparato del PSC, pero dos de sus cargos de confianza son, insisto, el ex tesorero de Filesa y un ex concejal socialista de Barcelona, Albert Batlle, que es director de Servicios Penitenciarios y que no tiene demasiada experiencia en el ámbito de la justicia. ¿Ha recibido alguna sugerencia del PSC para recolocarlos?

R. No he recibido ninguna indicación del PSC ni en sentido positivo ni negativo a la hora de hacer los nombramientos.

P. Entrando ya en el ámbito de gestión de su departamento, hereda unas prisiones muy masificadas y un Código Penal cada vez más duro. Un panorama poco alentador.

R. En el tema penitenciario hemos de hacer pedagogía. A veces hay una cierta hipocresía social cuando se reclama más seguridad y en cambio hay resistencia a la ubicación de las cárceles, como ocurre con una residencia geriátrica o un centro de desintoxicación de drogodependientes. Hacer muchas cárceles no es un símbolo de buena política penitenciaria y tenerlas muy llenas es un signo de fracaso. Lo que deberíamos es tener pocas cárceles y con poca gente, porque eso querría decir que tenemos mecanismos alternativos para tratar a esas personas.

P. La muerte de más de mil presos en los últimos años por sida o hepatitis en las cárceles catalanas es una cifra preocupante. ¿Qué piensan hacer para atajar esta situación?

R. ¿Sabe lo que cuesta de media anual el tratamiento sanitario de un preso? 3.000 euros. Y el coste de un interno por día es de entre 60 y 90 euros. Hacen faltas otras políticas de tratamiento individualizado de los presos para seguir su evolución y cumplir la función constitucional de reeducación y reinserción social. Si no se hace así, el tratamiento penitenciario puede ser un gran fracaso.

P. ¿En qué se notará el cambio en su departamento?

R. Este departamento no tiene rendimientos espectaculares, pero las cosas que se hagan bien se notarán a medio plazo.La política judicial que queremos se guía por la proximidad y la eficiencia. Por eso defendemos una justicia de barrio y estamos preparando un informe para impulsar una iniciativa legislativa. Y en el mismo sentido creemos que si los tribunales superiores son las últimas instancias judiciales, será más fácil responder a las necesidades de la sociedad. El Estado actual tiene que ver muy poco con el del siglo XIX, sobre el que se montó la Administración de justicia. Existe una dinámica imparable, aunque algunos la quieran parar, hacia una redistribución del poder político en sus tres manifestaciones, y eso acabará cuajando, aunque no sé en qué periodo de tiempo.

P. El Gobierno de la Generalitat se define como catalanista y de izquierdas y en la magistratura predomina un planteamiento centralista y conservador. ¿Es posible el acuerdo?

R. En la magistratura hay personas de diferentes tendencias y se está produciendo una renovación en edad y género. Con independencia de la ideología de cada uno, nos debería preocupar a todos que la justicia obtenga una valoración tan baja de la sociedad; a conservadores y a progresistas, a españolistas y a catalanistas. Si no es así, es que no somos capaces de garantizar los derechos de los ciudadanos.

P. En los últimos meses se ha cuestionado el futuro de la Escuela Judicial. ¿Qué piensa?

R. En la entrevista con el ministro Michavila de hace unos días él hizo una declaración expresa de la apuesta del Gobierno por mantener la Escuela Judicial y darle el máximo impulso. Yo agradecí en público esa afirmación, porque es verdad que han circulado rumores en otra dirección. El ministro lo dijo y yo me lo tengo que creer.