Indignación entre los discapacitados por la decisión de privarles de una pensión de 300 euros

En las últimas semanas, la Confederación Española de Asociaciones de Atención a Personas con Parálisis Cerebral ha recibido numerosas llamadas de asociados de toda España alarmados ante el inesperado recorte de casi un 40% en las prestaciones a que tenían derecho. Desde el 1 de enero, la asignación económica por hijo o acogido minusválido y la pensión de orfandad, que hasta ahora simultaneaban los mayores de 18 años con más de un 65% de discapacidad, son incompatibles. Fuentes del Ministerio de Trabajo alegan que la medida sólo se aplica a los nuevos peticionarios.

La Seguridad Social paga una prestación de 3.068,04 euros al año (255,67 euros al mes) por hijo a cargo mayor de 18 años cuando su grado de minusvalía es igual o superior al 65%; y de 4.602,12 euros anuales (383,51 al mes) cuando es igual o superior al 75% y requiere la ayuda de otra persona para la realización de actos esenciales de su vida.

Hasta el pasado 1 de enero, el cobro de dicha prestación era compatible con la pensión de orfandad, que varía en su importe y tiene una cuantía mínima de 1.590,68 euros anuales.

Sin embargo, al acabar 2003, Año Europeo de la Discapacidad, entró en vigor la ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social que, entre muchas otras reformas, declara incompatibles ambas prestaciones. Esto supone, según las fuentes consultadas, una pérdida de casi el 40% de los ingresos que perciben ahora muchos discapacitados. La Seguridad Social está informando ya a los peticionarios de la necesidad de optar entre una u otra prestación.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales no precisó ayer cuántas personas cobran ambas prestaciones, aunque fuentes del sector sostienen que son "muchas miles". En España hay 850.000 personas con una minusvalía igual o superior al 65%.

La ley no explica si la medida tiene carácter retroactivo, pero fuentes del ministerio de Eduardo Zaplana aseguran que no se aplicará a los actuales beneficiarios, sino sólo a los nuevos. Estas noticias coinciden con las que tiene el Comité Español de Representantes de Discapacitados (CERMI), aunque carece hasta ahora de una aclaración oficial por escrito.

Andrés Castelló, director gerente de la Confederación Española de Asociaciones de Atención a Personas con Parálisis Cerebral, considera que el hecho de que la reforma no tenga carácter retroactivo "no le resta gravedad". Se trata, en su opinión, "de un fuerte retroceso en la protección social a personas con discapacidad grave o muy severa y escasos recursos económicos. Probablemente, son el eslabón más débil de la sociedad".

Además de afectados por parálisis cerebral, tetrapléjicos, autistas y personas con deficiencia mental profunda o trastornos psíquicos graves se encuentran entre los perjudicados por la reforma.

Aunque la medida estaba incluida en el proyecto de ley enviado al Congreso, ha pillado por sorpresa a los afectados. El Gobierno no ha explicado el motivo del cambio. El portavoz del PP en la Comisión de Política Social y Empleo, José Eugenio Azpiroz, rechazó una enmienda de CiU, respaldada por la oposición, para que ambas prestaciones siguieran siendo compatibles con una sola frase: "Nos parece que no procede por la misma causa y con la misma finalidad dar una doble asignación".

El CERMI pedirá en los próximos días una reunión con la secretaria general de Asuntos Sociales, Lucía Figar, para instarle a que el Gobierno busque la forma de dar marcha atrás en esta reforma. Pero, "si la negociación no tiene éxito", advirte Antonio Castelló, la confederación de afectados por parálisis cerebral "no descarta incluso impulsar movilizaciones".