El Gobierno ratifica la multa a ocho manifestantes contra la guerra de Irak
La Delegación del Gobierno en Andalucía ha ratificado la sanción impuesta a ocho participantes en la manifestación celebrada en El Puerto de Santa María (Cádiz) el pasado 20 de marzo de 2003 en rechazo a la guerra contra Irak. Cada uno de los sancionados tendrá que hacer frente al pago de 2.000 euros por "convocar y participar en una manifestación no comunicada", según el criterio de la Delegación del Gobierno.
Entre los sancionados se encuentran los responsables locales de Izquierda Unida, Ignacio García; del Partido Andalucista, Antonio Jesús Ruiz Aguilar, y del PSOE, Consuelo Gamero. Esta última afirmó que aún no ha recibido la notificación de la multa.
Uno de los ciudadanos afectados y portavoz del grupo, Juan Rincón, explicó ayer que, en el curso del "rocambolesco y fulminante" proceso administrativo seguido por el Ministerio del Interior, "no se ha permitido presentar testimonios ni pruebas".
Rincón negó su participación como convocante y recordó que la marcha estuvo precedida por agentes de la policía, por lo que "nadie entendió que fuese ilegal".
"Venganza cobarde"
Los manifestantes se concentraron frente a la sede local del PP en el Puerto de Santa María, donde algunas personas lanzaron objetos. Rincón calificó las sanciones como "una caza de brujas de espíritu franquista". En similares términos se pronunció el coordinador regional de Ecologistas en Acción, Juan Clavero, quien también participó en la protesta. Clavero calificó la actuación del Gobierno central como "una venganza cobarde".
El coordinador provincial de IU y portavoz de esta formación en el consistorio portuense, Ignacio García, explicó que hace un mes recibieron la notificación del delegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, en la que se rechazaba el recurso de alzada y emitía una resolución firme sobre la sanción.
García adelantó que iniciarán trámites para llevar el asunto a la vía contencioso-administrativa y dijo que la sanción demuestra el "ensañamiento" del Gobierno contra los rivales políticos y en especial con la formación que lidera.
García criticó la tramitación administrativa del expediente, que también tildó de "aberrante", puesto que la sanción no está basada en un parte policial, sino en un informe del comisario del Cuerpo Nacional de Policía en El Puerto, que "ni siquiera estuvo presente en los incidentes".
A pesar de que los sancionados han iniciado el recurso por la vía judicial, la representación del Gobierno en Andalucía ha advertido sobre la necesidad de hacer frente al pago de la sanción, por lo que la plataforma que representa a los manifestantes ha iniciado la venta de bonos con los que los ciudadanos portuenses pueden aportar una cantidad de dinero para sufragar el coste de las multas impuestas.
Asimismo, celebrarán un festival cultural, previsto para el próximo día 6 de febrero, con el que recoger fondos y expresar el rechazo a la guerra y las sanciones impuestas.
