Delitos y faltas

El balance oficial sobre los delitos y faltas denunciados en 2003 tiene un especial interés por ser el primero que debería medir el grado de eficacia del plan de lucha contra la delincuencia puesto en marcha por el Gobierno en septiembre de 2002. Aunque la eficacia global del plan se hará esperar, un año es tiempo suficiente para evaluar los primeros efectos de las reformas legales, abundantes en este capítulo, aunque alguna, como los juicios rápidos, entrara en vigor ya iniciado 2003.

La estadística registra una disminución del 3,32% de denuncias en el conjunto de España respecto de 2002, con una pequeña diferencia a favor del medio rural, controlado por la Guardia Civil, frente al urbano -núcleos con más de 50.000 habitantes- dependiente del Cuerpo Nacional de Policía. Mejora centrada sobre todo en la reducción de delitos, pero contrapesada por el mayor número de faltas y por el incremento de homicidios y asesinatos, muchos de ellos debidos al protagonismo creciente de grupos organizados, españoles o no. La delincuencia urbana o callejera, es decir, el grueso de delitos sometidos a los juicios rápidos, ha disminuido en algún caso de forma apreciable (casi un 28% los tirones), pero el aumento de las faltas parece indicar el nulo efecto disuasorio de la reforma que las convierte en delito a partir de cuatro.

El Gobierno ha puesto especial empeño en dar una respuesta a la llamada delincuencia menor, por ser la que mayor alarma suscita, con el consiguiente coste electoral. Pero no tanto en impedir que la organizada, la más mortífera, siga ganando terreno. El aumento del número de asesinatos y homicidios -especialmente en Madrid y su cinturón- confirma esta deriva.

La lectura más favorable de estos datos no basta para corregir la herencia nada brillante que dejan los gobiernos de Aznar en materia de seguridad ciudadana, caracterizada por la disminución del gasto público, la reducción de plantillas policiales y la transferencia a la seguridad privada de cometidos de la pública. Es, por tanto, lógico que desde el PSOE se enarbole esta bandera como reclamo electoral, y de forma muy concreta con la conversión de Interior en un Ministerio de la Seguridad y un rápido incremento de las plantillas de la Guardia Civil y Policía.