Un año de cobijo para una luchadora

Clara -nombre elegido para proteger su identidad- salió de Colombia en diciembre. Dejaba detrás 17 años de lucha y trabajo en la promoción de los derechos de la mujer desde la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas y Negras, entidad que dirigía antes de llegar a Valencia para acogerse al programa de protección temporal de defensores de los derechos humanos de Amnistía Internacional (AI) en el que colabora Bienestar Social.

Había pasado por malos momentos, pero la situación nunca había pintado tan mal. Las amenazas y presiones por parte fundamentalmente de grupos paramilitares, pero también de la guerrilla y los propios militares, alcanzaron cotas alarmantes. La labor de "impulso de comunidades en resistencia" de la asociación, como la define esta activista de los derechos humanos, chocaba abiertamente con el interés de los grupos armados y su "clara intención de control social" de las comunidades rurales. Menos simpatías aún despertaban los esfuerzos por la emancipación de la mujer y el trabajo en "propuestas alternativas para cambiar las condiciones económicas, sociales y políticas del país". Las consecuencias de este enfrentamiento han sido trágicas: 35 miembros de la asociación, presidentas municipales o de departamento habían sido asesinadas en los últimos tres años. Además, el año pasado cuatro compañeras fueron violadas y dos desaparecieron -una de ellas fue rescatada-. Además, la presión de los paramilitares se estrechaba cada vez más entorno a ella, hasta el punto de recibir la ayuda de las Brigadas Internacionales de Paz, una organización que, mediante voluntarios, acompaña a las personas amenazadas para evitar que sufran atentados. Sin embargo, no era suficiente. "Aunque yo pudiera estar protegida, las agresiones se desviaban a mis hijos y mi compañero".

El Gobierno colombiano le ofreció las medidas de seguridad a las que acceden las personas con elevado riesgo de sufrir atentados -coches blindados, escoltas- pero ella se negó: "Trabajamos en contra de la guerra y por la desmilitarización de la vida civil", comenta. Finalmente, la opción que se impuso fue la del programa de protección de defensores de los derechos humanos. Clara estará un año en Valencia, como ya han estado antes que ella otros cuatro, la mayoría de ellos también colombianos. El objetivo es poner kilómetros de por medio entre los amenazados y sus perseguidores y cobijarlos en un lugar seguro a la espera de que se calmen las condiciones que forzaron su salida del país, un plazo que suele durar un año. Se trata de un retiro forzado durante el cual no cesa la labor de los defensores en su compromiso con los derechos humanos. Los protegidos colaboran en campañas de sensibilización de Amnistía Internacional en las que describen la situación que atraviesa su país. Además, como comenta Rubén Martínez, vocal de la junta de AI en Valencia, se les ofrecen medios de vida junto a su familia. En el programa colabora también la Consejería de Bienestar Social desde hace cuatro años a través de un convenio entre la organización no gubernamental y el Consell que este año asciende a 41.247 euros. La consejera de B

ienestar Social, Alicia de Miguel, mostró ayer su satisfacción por colaborar con Amnistía Internacional y destacó que en el País Vasco también hay gente amenazada por expresar su opinión, o ser de un determinado partido. Hoy, Clara presentará el Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia en el Centro 1 de mayo de Comisiones Obreras, situado en la calle Serranos 13 de Valencia.