Ancha es España

Las descalificaciones lanzadas ayer por Arzalluz contra el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco son inseparables de la campaña de deslegitimación del poder judicial, relacionada a su vez con el proyecto de creación de un poder judicial propio, pieza esencial del plan de desconexión progresiva de Euskadi respecto a las instituciones españolas. De ahí, tal vez, la desconfianza con que sectores no especialmente predispuestos contra el PSOE han acogido la propuesta de ese partido de que la última instancia judicial sean los tribunales autonómicos.

De las 6.000 personas que respondieron a una pregunta sobre esa propuesta planteada en El PAÍS digital la pasada semana, dos de cada tres dijeron que no estaban de acuerdo. Aunque no sea una encuesta científica, es llamativo un rechazo tan mayoritario para una medida que en principio se limita a desarrollar una previsión constitucional. La explicación de que se debe a la tergiversación de la propuesta por parte del PP (al identificarla con el plan Ibarretxe) tiene fundamento, pero resulta insuficiente.

Lo que plantea el programa socialista es que en los Tribunales Superiores de las comunidades se agoten "todas las instancias procesales salvo la casación". Casar -de cassus, nulo- significa anular. Alude a la posibilidad de revocar una sentencia confirmada en segunda instancia (por ejemplo, por un Tribunal Superior autonómico) por no adecuarse a la doctrina establecida por el Supremo al interpretar el ordenamiento jurídico. Mientras que la propuesta de Ibarretxe incluye entre las competencias del Tribunal Superior Vasco "los recursos de casación o la última instancia que proceda en todos los órdenes de la jurisdicción". Es evidente, por tanto, que no cabe la equiparación.

Sin embargo, la propuesta socialista incide inevitablemente en el debate. Entre los objetivos planteados por Ibarretxe en septiembre de 2002 figuraba ya "la configuración de un poder judicial vasco autónomo" en el que "se agoten todas las instancias judiciales" y la "sustitución del Estado en la Administración de justicia en nuestra comunidad". La resistencia de Atutxa a obedecer al Tribunal Supremo sería un ensayo de aplicación práctica de ese objetivo. En el texto articulado presentado en octubre pasado se planteaba ya abiertamente la creación de un Consejo Judicial Vasco, que asumiría en el ámbito de la comunidad las funciones del CGPJ, incluyendo la selección, provisión y formación de jueces y fiscales "teniendo en cuenta el carácter preferente del conocimiento del derecho vasco y del euskera".

El modelo autonómico actual hace compatible la descentralización de los poderes ejecutivo y legislativo con la centralización del poder judicial. Pudo haberse optado por otra fórmula, pero esa garantiza unos equilibrios que compensan la ausencia de otros mecanismos de cohesión política como los existentes en el federalismo alemán, por ejemplo. La existencia de una jurisdicción única que atribuye al Supremo la última palabra en la interpretación de la ley ha sido, junto al Tribunal Constitucional, una garantía defensiva de los ciudadanos no nacionalistas frente a los abusos del poder nacionalista, a menudo disfrazados de discriminación positiva con el pretexto del idioma.

Experiencias como la de la antigua Yugoslavia o de repúblicas ex soviéticas como Estonia indican que sólo mediante políticas de limpieza étnica (o ideológica) puede mantenerse un proyecto nacionalista radical que, como el de Ibarretxe, carece de suficiente consenso social. Por ello, y con independencia de que la fórmula quepa o no en la Constitución, trasladar a los tribunales de ámbito autonómico esa específica función del Tribunal Supremo no puede dejar de ser visto con inquietud por los no nacionalistas; como una desprotección adicional frente al proyecto de pasar de la discriminación positiva de los nacionalistas a la depuración (del censo) de los no nacionalistas. Parece una exageración, pero en noviembre de 1996 Xabier Arzalluz invitó a los jueces que no sabían euskera (como el 70% de los ciudadanos vascos) a abandonar Euskadi y "dejar el sitio" a quienes sí lo saben y "entienden mejor el País". "Ancha es España", les dijo.