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LA PRECAMPAÑA ELECTORAL

El Gobierno vincula el pago de la deuda a Andalucía a la victoria del PP

Chaves acusa a Montoro de usar la financiación autonómica para chantajear a los andaluces

El Gobierno bendijo ayer en un acto de partido la propuesta de la presidenta del PP andaluz, Teófila Martínez, para resolver el conflicto que desde 1996 mantiene con la Junta de Andalucía sobre la financiación autonómica. Javier Arenas, vicepresidente segundo del Gobierno, y Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, recalcaron que la propuesta de Martínez se firmaría de forma inmediata si ésta gana las elecciones autonómicas. Manuel Chaves aceptó raudo el envite y propuso firmar el acuerdo antes del 31 de enero porque "la deuda hay que pagarla esté quien esté en el Gobierno", dijo.

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El Gobierno y la Junta no llegan a un acuerdo sobre la liquidación de la financiación autonómica

Desde la llegada del PP al Gobierno, en 1996, la tensión ha sido una constante entre ambas administraciones. Y el mayor exponente de estas diferencias ha sido la financiación autonómica. El Gobierno de Chaves se excluyó del sistema de financiación del quinquenio 1997-2001, junto a Extremadura y Castilla-La Mancha, por considerarlo lesivo para sus intereses. La principal discrepancia fue que el sistema que el PP pactó, en su primera legislatura, con CiU se olvidaba de 365.000 andaluces a efectos financieros al tomar como referencia el padrón de 1988 en vez del censo de 1996. Al finalizar el sistema, la Junta cifró en 4.630 millones de euros el agujero económico que habían sufrido sus arcas en esos cinco años.

Desde entonces, el Gobierno y la Junta, que sí se sumó al modelo de financiación vigente (2002-2006), han mantenido distintas negociaciones para resolver este conflicto, pero siempre han terminado en fracaso. Consciente de que este asunto le pone en una situación difícil en Andalucía, Teófila Martínez anunció en diciembre pasado que, si gana las elecciones autonómicas del próximo 14 de marzo (que se celebrarán a la vez que las generales), propondrá al Gobierno un acuerdo para zanjarlo.

Según su propuesta, el Gobierno transferiría 2.500 millones de euros a Andalucía (2.127 millones menos de los que demanda la Junta), y el Gobierno autonómico retiraría, a cambio, todos los litigios ante los tribunales.

Y el Gobierno dio ayer el visto bueno a esta propuesta en un acto convocado por el PP andaluz en un hotel de Sevilla. Arenas y Montoro se esmeraron en elogiar esta iniciativa del PP andaluz, a la par que criticaron al Gobierno de Chaves, pese a que hace un año la Junta planteó un acuerdo similar (2.363 millones de euros y retirada de todos los recursos) que fue desdeñado. Más con un discurso de partido que de Gobierno, Montoro confió en que haya un "cambio de Gobierno" en Andalucia que permita resolver este contencioso. El ministro acusó a la Junta y a su consejera que Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, de estar "dedicadas a definir un nuevo sistema de financiación autonómica siguiendo los criterios de ERC que sería enormemente perjudicial para Andalucía" y se mostró "enormemente pesimista" sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Tras calificar de "inviable" la negociación con la Junta, se mostró confiado en que, tras las elecciones, haya en Andalucía un "cambio de Gobierno" que dé paso a un acuerdo. Más cauto fue Arenas, quien precisó que el Gobierno aceptaría la propuesta de Teófila Martínez "gane quien gane" en Andalucía.

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La Junta re cogió ayer al vuelo la oferta del Gobierno. "Desde el momento en que el ministro de Hacienda reconoce una parte de la deuda, en aras de llegar a un acuerdo estamos dispuestos a aceptar", afirmó Chaves, quien reiteró su oferta de retirar los recursos judiciales. Chaves propuso que el acuerdo se firme "antes del 31 de enero" para evitar que este asunto se mezcle con la campaña electoral, que comienza el 27 de febrero. "Si se asume una deuda hay que pagarla esté quien esté en el Gobierno de Andalucía porque es una deuda con los andaluces", advirtió. Chaves se mostró sorprendido de que "dos ministros del Gobierno de España hagan la propuesta a la presidenta del PP y no al presidente de la Junta" y aseguró que, con este método, el PP "transmite un mensaje de chantaje que los ciudadanos de Andalucía no se merecen al decirles que sólo pagan si gobiernan ellos". Montoro rechazó el plazo propuesto por Chaves para un cerrar el acuerdo.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el vicepresidente Javier Arenas, ayer, con Teófila Martínez, en un acto del PP andaluz.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el vicepresidente Javier Arenas, ayer, con Teófila Martínez, en un acto del PP andaluz.GARCÍA CORDERO

Ocho años de pugna

El conflicto de la financiación autonómica entre el Gobierno y la Junta arranca en 1996, cuando el PP impuso un sistema pactado con CiU que se basaba en la cesión del 30% del IRPF a las comunidades. El modelo de 1997-2001 se basó en el padrón de 1988 en lugar del censo de 1996, con lo que 365.000 ciudadanos desaparecieron del sistema, donde la población de las comunidades es una variable fundamental. La Junta puso el grito en el cielo y se excluyó del sistema, por lo que el Gobierno le aplicó el anterior.

Al finalizar el quinquenio, la Junta estimó que la merma de sus recursos ascendía a 4.630 millones de euros, que se distribuyen así:

- Población. El no reconocimiento de la población real de la comunidad supuso 1.566 millones de euros.

- Regla de evolución. Los ingresos de la financiación autonómica de Andalucía crecieron esos años conforme al PIB nominal (PIB más la inflación). Sin embargo, los recursos de las comunidades acogidas al sistema crecieron según los ITAE (lo que ingresa el Estado por la suma de los impuestos directos, indirectos y las cotizaciones sociales), que crecieron a un ritmo muy superior. Esto supuso una merma de 2.608 millones.

Estos dos asuntos se encuentran en el Tribunal Constitucional.

- Liquidación. El Gobierno envía cada año a las comunidades, como entrega a cuenta, el 98% de lo que le corresponde por la financiación. Andalucía no ha recibido el 2% restante (la liquidación), lo que supone 455 millones. La Audiencia Nacional dictó que el Gobierno tenía que pagar la liquidación de 1997 y recurrió al Tribunal Supremo. Luego, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón al Gobierno sobre la liquidación de 1998.

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