Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El Gobierno y la Junta no llegan a un acuerdo sobre la liquidación de la financiación autonómica

El consejero andaluz asegura que el Ejecutivo trata de "tomarles el pelo", mientras que el secretario general de Haciendas Territoriales acusa al representante de Andalucía de "reventar" la reunión

La Junta de Andalucía no recibirá por el momento el dinero que le adeuda el Gobierno central en concepto de liquidación de la deuda por la financiación autonómica entre los años 1997 y 2002. La reunión técnica celebrada esta mañana ha terminado sin acuerdo entre ambas partes, que se acusan mutuamente de torpedear el encuentro, en el que se debía haber puesto fin a un contencioso por el que el Gobierno andaluz ha recurrido al Constitucional.

Los representantes del Gobierno central se han mostrado muy molestos por la presencia en la reunión del consejero andaluz de Economía y Hacienda, José Salgueiro, cuya asistencia al encuentro no estaba prevista, y al que acusan de haber acudido a Madrid a "reventar la reunión y a montar una bronca", en palabras del secretario de Estado de Política Fiscal, Territorial y Comunitaria, Rafael Cámara. En opinión de Cámara, la presencia de Salgueiro, que "venía con instrucciones políticas", ha impedido que los técnicos de ambas partes cerraran el acuerdo: si Salgueiro hubiera dejado hacer su trabajo a los técnicos "hoy estaríamos explicando el acuerdo", ha dicho Cámara.

Por su parte, el consejero se ha dicho indignado por la "tomadura de pelo" y la muestra de "desprecio a los andaluces" que constituye el hecho de que los representantes del Ministerio de Hacienda no hayan ofrecido ningún documento donde se concrete el importe de la deuda que el Estado debe satisfacer con Andalucía. A juicio de Salgueiro, el ministerio pretende "dar largas" al asunto hasta después de las elecciones.

La Junta estima en 2.500 millones de euros la deuda contraída por el Estado con la Comunidad, una cifra que adelantó el propio PP andaluz a través de Teófila Martínez, que fue aceptada por el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, y que el Ejecutivo que dirige Manuel Chaves, que en 2003 propuso solucionar el conflicto situando la deuda en 2.343 millones, dio por válida. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no acepta esta cantidad, dado que no ha salido de sus labios. Hace un mes, el ministro Cristóbal Montoro corrigió a Martínez al asegurar que "el Ministerio no puede estar de acuerdo con esa cifra [2.500 millones de euros], porque yo no la he expresado públicamente, otra cosa es lo que haya hecho el PP de Andalucía".

Hasta el último euro

Cámara ha asegurado que se debía determinar exactamente la liquidación de la deuda mediante la aplicación de unos parámetros, fundamentalmente el de población, que incide en un 94% en el importe de la deuda, para determinar la cantidad exacta de la deuda "porque en Hacienda hasta el último euro tiene importancia". "No podemos aceptar que cualquier cifra les sirva", ya que hay que "perfeccionarla, lubricarla y asentarla", ha dicho Cámara, agregando que "ni una peseta más ni una peseta menos de los que les corresponde".

Salgueiro, por su parte, ha asegurado que los representantes de la Junta "no han rechazado nada" en la reunión porque "no ha habido ninguna propuesta alternativa (en referencia a los 2.500 millones), ni un papel, ni una idea", ya que el planteamiento del Ministerio "era ir consumiendo tiempo". Por ello, ha anunciado que la Junta mantendrá los recursos que tiene planteados ante el Tribunal Constitucional y por la vía contencioso-administrativa, recursos que se había comprometido a retirar en caso de haber cerrado el acuerdo.

La polémica abierta por la liquidación de la deuda se reavivó a mediados del pasado mes de enero, cuando Montoro vinculó el pago de la deuda a la Comunidad con una victoria de los populares en las elecciones autonómicas del 14 de marzo. En ese momento, Teófila Martínez cifró la deuda en 2.500 millones y aseguró que el problema se solucionaría en caso de que los votantes le permitieran llegar al Palacio de San Telmo. Manuel Chaves recogió la propuesta de Martínez y propuso zanjar la situación antes del 31 de enero, para evitar que la negociación afectara a la actual campaña electoral.

El conflicto

En 1996, PP y CiU impusieron un sistema de financiación autonómica basado en la cesión del 30% del IRPF a las comunidades. El modelo a aplicar entre 1997 y 2001 se basó en el padrón de 1988 en lugar del censo de 1996, con lo que 365.000 ciudadanos desaparecieron del sistema. La Junta de Andalucía, en vista del desfase, decidió excluirse, por lo que el Gobierno le siguió aplicando el modelo anterior. Al finalizar el periodo, Andalucía se reincorporó al sistema y pidió al Ejecutivo la liquidación de la deuda que produjo el desfase.

Más información