¿Quién corta el melón?

La carrera electoral para las elecciones generales y autonómicas del 14 de marzo tiene todos los visos de convertirse en Sevilla en un inventario de grandes obras hechas y por hacer. El metro, la ampliación del Puerto, la SE-40. Grandes inversiones con las que el Gobierno y la Junta pretenden que se visualice su compromiso con la ciudad -y por ende el de PP o PSOE- y la tacañería del adversario político.

En la lista de grandes infraestructuras pendientes aparece desde hace una década la obra del pantano de Melonares, pensado para abastecer a Sevilla y su área metropolitana y cuya primera piedra se colocará probablemente antes de las elecciones de marzo. El Gobierno central declaró la presa de interés general por lo que asume su financiación: alrededor de 70 millones de euros, para los que ha conseguido una subvención del 85% de la Unión Europea.

Pero para que el pantano ejerza su función de abastecimiento y para que Bruselas ponga su parte hace falta construir las conducciones que lo conecten con la red general de Sevilla. Una obra de 60 millones de euros, casi tan costosa como la de la propia presa, y cuya financiación está en el aire porque ninguna administración asume como suya las competencias sobre las canalizaciones.

El vicepresidente segundo del Gobierno y número uno de las listas del PP por Sevilla, Javier Arenas, contestó esta semana al alcalde sevillano, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), una carta que éste le envió el 24 de octubre en el que solicitaba ayuda estatal para financiar las conducciones del pantano. El Gobierno, según la respuesta de Arenas, se compromete a colaborar a partes iguales con el Ayuntamiento y la Junta a razón del 33% cada una. Pero dejando claro que la competencia es municipal y autonómica y que su ofrecimiento es un ejercicio de buena voluntad política y no una obligación legal.

La Junta, sin embargo, tiene una interpretación opuesta: las cuencas hidrográficas son competencia estatal y fue el Gobierno el que se comprometió con la UE a hacer las canalizaciones antes de que estuviera acabada la obra del pantano.

Pero, ¿a quién corresponde legalmente pagar los 34 kilómetros de tuberías necesarios para que el agua llegue desde la presa a los sevillanos? El Gobierno se ampara en el Real Decreto 1132/84, de traspaso de funciones y servicios a la comunidad autónoma andaluza. El texto estipula que es competencia de la Junta "programar, aprobar y tramitar, hasta abono de las certificaciones, las inversiones en las obras de su interés en materia de abastecimientos de aguas y saneamiento. Todo ello en relación con la función estatal de ayuda a Corporaciones Locales y de acuerdo con la normativa específica que la regule".

Es decir, el abastecimiento de aguas es competencia y responsabilidad de los municipios y a la Junta le corresponde prestar auxilio técnico y económico a los ayuntamientos en esta materia. "El Estado sólo tendría que asumir la financiación si las conducciones se declararan de interés general", sostiene una fuente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

La Consejería de Obras Públicas alega, sin embargo, que el Estado se comprometió "por escrito" ante Bruselas a pagar la infraestructura. El documento, fechado el 19 de octubre de 2000, que recoge el compromiso de la Comisaría de Política Regional de la UE de sufragar el 85% del coste del pantano, especifica que "las autoridades españolas" se comprometen a construir las conducciones antes de la puesta en marcha de la presa.

Para la Junta, las "autoridades españolas" sólo puede hacer referencia al Ejecutivo central. "El único que tiene interlocución con Europa es el Gobierno", apunta un portavoz de Obras Públicas. "El que se comprometió a hacer las canalizaciones fue el Ministerio de Medio Ambiente, que acudió a Europa para buscar financiación", insiste.

El Ejecutivo y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no comparten el razonamiento de la Junta. "El Gobierno de España no tiene ni una sola competencia en materia de conducciones de presa", aseguró ayer en Sevilla el vicepresidente segundo del Gobierno. Según Javier Arenas, es "de sentido común" que cuando Bruselas estipula que las canalizaciones corresponden a las autoridades españolas "se refiere a las autoridades españolas competentes, que en este caso son la Junta y el Ayuntamiento".

El tercer implicado, y según el Gobierno el primer responsable, el Ayuntamiento de Sevilla, aún no ha respondido a la oferta de Arenas. Permanece al margen de la polémica sobre las competencias, quizás porque de sus últimos movimientos en torno a Melonares se deduce que asume que la responsabilidad es suya. En 1998, un dirigente de Emasesa, la empresa pública del agua, presentó ya en Bruselas un anteproyecto técnico sobre las conducciones con la intención de que la UE sufragara el 50% de la obra, una ayuda que le fue denegada. La carta de Monteseirín a Arenas da asimismo a entender que se acepta la responsabilidad y que, como mal menor, busca la colaboración de todas las administraciones para no tener que correr con el gasto en solitario.