La comisión de prostitución del Senado se disuelve sin emitir recomendaciones

La disolución de Las Cortes, el próximo lunes, deja en dique seco los trabajos de la Comisión Especial sobre la Prostitución creada en el Senado. La comisión, que a lo largo de más de año y medio ha escuchado a más de 40 expertos o afectados, deja de funcionar sin emitir antes recomendaciones sobre la regulación, o no, de esa actividad.

Los senadores, que celebraron su última reunión en noviembre, aún debían escuchar a los representantes de las administraciones, las fuerzas y cuerpos de seguridad y los empresarios de alterne. Pese a ello, el PSOE pidió, sin éxito, que se aprobaran "unas conclusiones preliminares", explica la senadora socialista Fátima Aburto. "Habrían sido muy parciales. Además, el letrado nos informó de que una comisión que no ha concluido sus trabajos no puede aprobar recomendaciones ni informes", afirma la presidenta de la comisión, Cristina Klimowitz (PP). "Es la primera vez que la prostitución se aborda en las Cortes. Es un buen momento para que los senadores que resulten elegidos el 14 de marzo retomen el trabajo y lo concluyan en poco tiempo. El PP se compromete a mantener la comisión", añadió la parlamentaria.

Por otra parte, ayer continuó la polémica por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que obliga a los dueños de un club de Córdoba, Eróticas Goya, a dar de alta en la Seguridad Social a 12 prostitutas que ejercían en el local.

El abogado de Eróticas Goya, Guillermo Sojo, aclaró que los propietarios del establecimiento no deben dar de alta a las mujeres. Añadió que la inscripción en la Seguridad Social de esas 12 mujeres, la mayoría inmigrantes, fue una actuación de oficio a instancias de la Inspección de Trabajo tras una redada policial en septiembre de 2001. "Fueron dadas de alta y a los 45 minutos, de baja", aseguró. Para Sojo, darlas de alta por cuenta del empresario supondría una relación, obligación o subordinación entre las mujeres y el propietario. La gerente del club, Rosario Agüeras, aseguró que no se obliga a las mujeres a ejercer la prostitución. A su juicio, la solución es que sean autónomas.

Por su parte, la Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género y la Plataforma de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución difundieron ayer un comunicado apoyado por 70 organizaciones en el que se oponen "a la regulación laboral de la explotación sexual que la propone la sentencia del TSJA".