Ocurrencia efímera

El presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que ha ganado cinco elecciones consecutivas en su comunidad autónoma, es un político que tiene a gala defender sus opiniones incluso a contrapelo de su propio partido. Esto le ha llevado en ocasiones a proponer iniciativas extravagantes que sólo él parece dispuesto a sostener. Su última ocurrencia ha consistido en proponer una modificación de la Ley Electoral para excluir del Congreso de los Diputados a los partidos nacionalistas. Puesto a dinamitar el mensaje de la España plural que Zapatero trata de vender en su programa político, es difícil imaginar un torpedo más certero, viniendo sobre todo de uno de los diez notables que deberían escoltarle en su camino a La Moncloa. El líder del PSOE se ha visto obligado a pedirle que retire su propuesta, lo que Rodríguez Ibarra ha hecho disciplinadamente a las pocas horas, no sin un cierto mohín de disgusto.

El sistema autonómico es un invento destinado, entre otras cosas, a estimular la participación en la política común de los nacionalistas, siempre tentados por la estrategia abstencionista. Si se hubiera aplicado el criterio de Ibarra (un mínimo del 5% de los votos en el conjunto de España para poder acceder al Congreso), habrían quedado fuera de la Cámara 34 de los actuales diputados; en alguna legislatura anterior los excluidos habrían sido más de 40, incluyendo en alguna ocasión a Izquierda Unida. Los nacionalistas se sentirían más que legitimados en sus pulsiones rupturistas precisamente porque verían cerradas las puertas del Congreso.

Ibarra ya ha planteado otras veces su preocupación por la sobrerrepresentación (y excesivo protagonismo político) de las formaciones nacionalistas. Sin embargo, ese fenómeno es un reflejo del modelo autonómico constitucional; es cierto que IU tiene menos escaños que CiU con casi 300.000 votos más, pero también sería extravagante que un partido con mayoría en su comunidad careciera de representación en el Congreso. Y la desproporción entre votos y escaños también beneficia a los partidos nacionales en determinados territorios menos poblados. Soria, por ejemplo, dispone de un diputado por cada 20.000 votantes, mientras que Barcelona tiene uno por cada 150.000.

Es cierto que hay partidos que defienden intereses sectoriales o particularistas, pero no son sólo los de ideología nacionalista. El Parlamento es también una Cámara de representación y conciliación de intereses. Precisamente un problema actual de la democracia española es que las secciones territoriales de los partidos nacionales tienden cada vez más a actuar en función de intereses locales. Pero la propuesta de Ibarra es más un síntoma de ese problema que un remedio.