El Tribunal Supremo permite que los nombres de los detenidos tras el 11-S se mantengan en secreto

El Tribunal Supremo dio ayer un golpe a las esperanzas de los que confiaban en que iba a propiciar un revés a la política de la Administración de no hacer públicos los nombres de cientos de personas detenidas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El Supremo, que no da explicaciones sobre su decisión, ha rechazado un recurso planteado por grupos defensores de derechos civiles en el que se denunciaban las detenciones secretas.

Un tribunal inferior había dictaminado que hacer públicos los nombres de unas 700 personas detenidas -por violación de las leyes de inmigración o porque se les considera testigos en la investigación sobre los ataques con aviones suicidas de Nueva York y Washington- podría "perjudicar la seguridad nacional y facilitar a Al Qaeda la organización de nuevos atentados terroristas o la intimidación de testigos en las investigaciones en curso". El Supremo no ve motivos para alterar este razonamiento e ignora la denuncia de posible violación de la Ley de Libertad de Información y de la libertad de expresión amparada por la primera enmienda de la Constitución.

El secretismo incluye a los que fueron detenidos y ahora están en libertad, es decir, se aplica a todo el proceso: detenciones -con fechas y lugares-, puestas en libertad y nombre de los abogados que se encargan de los casos. El Departamento de Justicia, que pidió al Tribunal Supremo que rechazara el recurso contra las detenciones secretas, cree que se pueden hacer excepciones en la Ley de Libertad de Información.

El tribunal tiene pendientes otros recursos relacionados con la retención sin juicio de combatientes enemigos en Guantánamo. Defensa negocia con países como España y el Reino Unido la extradición de ciudadanos internados en la base militar estadounidense. Tanto el primer ministro británico, Tony Blair, como la ministra española de Exteriores, Ana Palacio -que estuvo en Washington la semana pasada-, han declarado que confían en una solución a corto plazo a la petición de extradiciones.