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LA PRECAMPAÑA ELECTORAL

Rajoy propone un pacto de Estado que garantice servicios iguales en toda España

El candidato del PP presenta una batería de medidas para reformar la Administración

Córdoba
Los principales partidos políticos aprovecharon la jornada de ayer -24 horas después de que el Gobierno anunciase que las elecciones se realizarán el 14 de marzo- para lanzar ofertas de sus programas electorales. El candidato del PP a La Moncloa, Mariano Rajoy, propuso un pacto de Estado que permita "el acceso de los ciudadanos a unos servicios públicos que garanticen su igualdad real, con independencia del lugar donde residan". El líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a promover un "crecimiento económico duradero" y suprimir el "intervencionismo" del Gobierno. El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, afirmó que la propuesta fiscal del PSOE "legitima al PP".

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, propuso ayer un pacto de Estado de reforma de las administraciones públicas, que tendrá como interlocutores a los demás partidos, a las comunidades autónomas, a los Ayuntamientos y a los agentes sociales, y que persigue "facilitar el acceso de los ciudadanos a unos servicios públicos de calidad que garanticen su igualdad real y efectiva, con independencia del lugar donde residan". El líder popular formuló esa propuesta en la clausura de la reunión de la Intermunicipal del PP en Córdoba.

Rajoy incorpora así a su programa electoral una idea lanzada por Javier Arenas en su breve etapa de ministro de Administraciones Públicas y que no le dio tiempo a desarrollar. Una comisión de expertos, acordada por el Gobierno y los partidos, estudia ya desde la pasada primavera esa reforma.

Rajoy apuesta por una descentralización de competencias hacia los Ayuntamientos

"La idea de España que tiene el PSOE es una broma de colosales proporciones"

El lanzamiento por Rajoy de la reforma de la Administración como primera propuesta programática detallada no es casual. La utilizó ayer como símbolo para contraponer el modelo "igualitario" del PP con el planteamiento socialista de "la división por 17", en alusión al número de comunidades autónomas. "Creo en la España constitucional, en la cohesión, la igualdad y la solidaridad entre españoles y no estoy dispuesto a que nadie juegue con estos temas ni ponga España patas arriba", subrayó Rajoy. Y contrapuso sus propuestas a las del PSOE: "No veo una alternativa en España capaz de plantear un programa coherente para el conjunto del país, sino una serie de propuestas disparatadas que se cambian de un día para otro y dividen a España por 17", lo que atribuyó "al acuerdo suscrito por el PSC en Cataluña". "Llego a la conclusión de que la idea de España que tienen algunos es una broma de colosales proporciones", sentenció.

La propuesta de igualar el acceso y la calidad de los servicios públicos en toda España la completó con la oferta de descentralización de competencias de las autonomías en favor de los Ayuntamientos, que ya formuló José María Aznar en la clausura del Congreso del PP en enero de 2002. Aznar adelantó entonces que la participación de los municipios en el gasto público, de un 13%, permanecía estancada, y contrastaba con que las autonomías gestionen el 35%.

Rajoy propuso también acompañar el pacto de Estado con las reformas en la Administración General del Estado, dependiente del Gobierno central, en una triple vertiente: mejorar el servicio a los ciudadanos; mejorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos y configurar una Administración más ágil. Las propuestas concretas, la mayoría de ellas pactadas por el Ministerio de Administraciones Públicas con los sindicatos en esta legislatura, son:

- 2.000 oficinas de atención al ciudadano. Tendrán horario ininterrumpido; dispondrán de una carta con los derechos de los ciudadanos respecto a la Administración y dispondrán de accesos gratuitos a Internet.

- Generalización de la ventanilla única. El objetivo es que alcance al 90% de la población española. Ahora pueden disponer de ese servicio unos 10 millones de españoles. También se promoverá la ventanilla única para las empresas.

- Estatuto de la Función Pública. Retoma una propuesta que quedó formalizada en un proyecto de ley que decayó, por falta de consenso, en la primera legislatura del Gobierno del PP.

- Reducción de la temporalidad. Pretende un acuerdo con las comunidades autónomas y con los Ayuntamientos para que la temporalidad en el empleo público se reduzca al 8%. Actualmente alcanza al 20%.

- Conciliación de la vida familiar y laboral. Los organismos de la Administración dispondrán de servicios de guardería para los hijos de los empleados públicos; aumentará la flexibilidad horaria en función de las necesidades familiares y se regularán modalidades de trabajo a tiempo parcial.

- Atención a discapacitados. Se reservará para personas con discapacidad el 5% de las plazas en las ofertas de empleo público.

- Movilidad de los funcionarios. Se pondrán en marcha iniciativas para facilitar la movilidad de los funcionarios entre administraciones.

- Nueva Ley de Bases de Régimen Local. El objetivo es adecuar su organización a las nuevas necesidades. Se creará un Consejo de Municipios y Provincias como órgano de cooperación entre Ayuntamientos y la Administración central. El Gobierno impulsará los Consejos de participación ciudadana.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 11 de enero de 2004