Evaluación de carreras

El proyecto de real decreto que ha preparado el Gobierno sobre evaluación de las titulaciones universitarias, en desarrollo de lo previsto en la Ley Orgánica de Universidades (LOU), ha merecido un informe negativo del Consejo de Coordinación Universitaria (CCU), máximo órgano de planificación de la enseñanza superior. El proyecto establece que será la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) la que establecerá los criterios de evaluación y analizará todas las carreras universitarias cada seis años con el fin de determinar si cumplen los requisitos de calidad establecidos y decidir, en su caso, la suspensión temporal o la revocación de los títulos que no los cumplan. El CCU opina que no es correcto que en dicha evaluación se margine a las administraciones autonómicas, que son las que financian y deciden sobre educación superior, una vez que ésta ha sido transferida, y pone en cuestión algunos de los contenidos concretos del proyecto.

Es lógico que existan criterios comunes a la hora de estimar si una titulación puede seguir siendo impartida en una determinada universidad, así como medidas tomadas de común acuerdo entre autonomías para resolver los problemas creados a los alumnos de titulaciones afectadas por una eventual suspensión. Pero esos criterios han de ser consensuados en el CCU, del que forman parte, entre otros, los rectores de todas las universidades, públicas y privadas, y los consejeros de Educación de todas las comunidades autónomas. Y también parece claro que éstas han de participar en el desarrollo de las evaluaciones y en la decisión a tomar en función de las mismas.

En el pasado era un hecho excepcional que se produjeran decisiones del Gobierno de este calado sin un acuerdo previo en el Consejo de Coordinación Universitaria, y más si su informe era negativo. Es paradójico que se estén produciendo episodios de desencuentro ahora que se ha transferido la enseñanza universitaria. Conviene retomar el camino del acuerdo, con los responsables autonómicos y también con los rectores, que son los que han de plasmar en la práctica las decisiones sobre universidades. Y que se acepte la propuesta del consejo de crear una comisión que analice los problemas relacionados con la evaluación periódica de las titulaciones y asesore al ministerio sobre cómo proceder al respecto.