Michavila acusa a Zapatero de defender un modelo judicial similar al del 'plan Ibarretxe'

El ministro de Justicia, José María Michavila, acusó ayer al secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, de "coincidir, en su programa electoral en materia de justicia, con el plan Ibarretxe y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)". Se refería a la propuesta socialista de otorgar a los tribunales superiores de justicia de las autonomías la última instancia en su territorio y dejar para el Tribunal Supremo la unificación de doctrina. El coordinador del programa del PSOE, Jesús Caldera, calificó a Michavila de "insolvente jurídico" y de "desconocer la Constitución".

El PP también denunció que el PSOE se sitúa con su modelo judicial "en la línea del plan Ibarretxe" y es un hipoteca de pago a los socios en el Gobierno catalán. Michavila no quiso pronunciarse sobre si la propuesta del PSOE era constitucional o no. Se limitó a señalar que coincidía con el plan soberanista del lehendakari y con las tesis defendidas por Esquerra Republicana de Catalunya y que entraba en contradicción con el punto primero del Pacto de la Justicia que garantizaba "las reformas necesarias para fortalecer el Tribunal Supremo con el fin de potenciar su función como órgano jurisdiccional superior".

"Esta súbita conversión de Rodríguez Zapatero a programas electorales que no son de la tradición del PSOE, a mí me sorprende", señaló Michavila. El ministro apostó por que el Supremo mantengan su función de "garantizar la igualdad, la solidaridad y la seguridad jurídica de todos los españoles".

José Antonio Alonso, vocal del Consejo General del Poder Judicial y uno de los redactores del programa socialista de Justicia, replicó: "La reforma planteada es plenamente constitucional y si el ministro de Justicia no se ha leído la Constitución, es su problema".

El responsable socialista del área de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, recordó que el Pacto por la Justicia también recoge que los tribunales superiores sean la última instancia en las autonomías y que el PP no lo ha cumplido. Negó que esta propuesta fuera una consecuencia del interés del PSOE por acomodarse al pacto de Gobierno del tripartito de Cataluña, presidido por el socialista, Pasqual Maragall y recordó que la propuesta ya estaba recogida en el programa del PSOE para las elecciones de 2000. Aquella propuesta decía: "Atribuiremos a los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas la segunda instancia en el proceso penal así como la casación respecto del derecho civil propio y de la legislación administrativa de las comunidades autónomas en materias de su competencia exclusiva".

López Aguilar recordó también que el VIII Congreso de la Abogacía Española, celebrado en septiembre, fue "aún más lejos que el programa del PSOE" al aprobar "no sólo la última instancia en el ámbito autonómico a los tribunales superiores de justicia sino la creación de un Fiscal General de las autonomías y Consejos del Poder Judicial en las mismas".

El socialista Diego López Garrido afirmó que "el PSOE se limita a cumplir el artículo 152 de la Constitución". Una fórmula aplicada en Francia, Italia y Bélgica, según López Garrido. "La respuesta insolvente de Michavila no deslegitima al PSOE sino que legitima el plan Ibarretxe", declaró.