Los ciudadanos vascos y la democracia

Vaya por delante que siento el mayor respeto por el independentismo que forma parte del ideario del PNV, al parecer, desde su fundación en los últimos años del siglo XIX. Se trata de un ideal, una aspiración, un sueño, tan legítimo como el que más y, verosímilmente, irrealizable en el momento actual por las muchas razones, derivadas de la realidad económica y social del País Vasco y del orden internacional en que se halla inserto, que dificultan la traducción del ideal independentista en una política viable. También considero completamente legítimo que el lehendakari Ibarretxe haya decidido dedicar mucho tiempo y muchos esfuerzos a elaborar, o hacer elaborar, creo que hasta ocho borradores de la propuesta de "un nuevo modelo de relación con el Estado español". No acierto a descubrir nada intrínsecamente perverso en la realización de este ejercicio intelectual que tanto revuelo ocasionó meses atrás.

El problema ha surgido más tarde, cuando el lehendakari hace suyo uno de estos borradores y, en uso de sus atribuciones, obtiene del Gobierno que preside la autorización para someter la propuesta a debate del Parlamento vasco, cosa que se hizo solemnemente el 25 del pasado mes de octubre. Aquí ya nos encontramos ante un acto de gobierno y las actuaciones de los gobernantes pueden y deben juzgarse, ante todo, por su eficacia para el objetivo que se proponen, que, según el preámbulo de la propuesta, consiste en formalizar "un nuevo pacto político para la convivencia" que "se materializa en un nuevo modelo de relación con el Estado español". Nada más y nada menos. Siendo éste el objetivo, hay que convenir que la propuesta del lehendakari es un acto de gobierno totalmente ineficaz. De las propias previsiones del lehendakari sobre sus actuaciones de futuro se desprende, paradójicamente, que da por sentado que tan ambiciosa propuesta nace muerta porque, pese a los argumentos históricos y jurídicos con que ha intentado justificar su iniciativa unilateral, no espera conseguir el acuerdo del Estado español, que es la otra parte de la relación bilateral que se pretende modificar.

Grave defecto el de una acción de gobierno que, de antemano, sus propios responsables reconocen como ineficaz para el objetivo que se proponen. Quiero creer que es esta conciencia de la esterilidad de su acción la que ha conducido a estos responsables a minusvalorar el alcance de otros defectos incurables de la misma. No me refiero a los que pueda presentar el nuevo sistema de relaciones que se propone, algunos de cuyos contenidos concretos me parecen viables y casi todos debatibles en un marco político exento de crispaciones artificiales. Me refiero a los defectos de la propuesta que reflejan una seria degradación de la calidad de la democracia en Euskadi. En particular, la elaboración de la propuesta se ha llevado a cabo sin la transparencia y el debate público que son esenciales en el funcionamiento de cualquier democracia; además, en la propuesta figura un artículo que contiene, potencialmente, una grave amenaza para la igualdad de los ciudadanos vascos ante la ley, sin cuya garantía la democracia sencillamente no existe.

En cuanto al primer punto, de entrada resulta sorprendente el secretismo que ha inducido a impedir la difusión de los trabajos preliminares de los expertos, los funcionarios o los políticos que hayan participado en la elaboración de la propuesta. Con todo, otras insuficiencias de este proceso son de muchísimo mayor calado. En primer lugar, aparentemente, el Gobierno vasco se ha limitado a autorizar que la propuesta del lehendakari, el plan Ibarretxe, sea presentada en el Parlamento. Esto significa que el lehendakari ha evitado un peligroso debate en el seno del Gobierno sobre los contenidos de su plan o, si ha habido debate, significa que no ha conseguido que el Gobierno asuma esos contenidos como propios, como demostraría el hecho de que Ezker Batua haya anunciado de inmediato que tiene su propia iniciativa y que tratará de promoverla. En segundo lugar, el lehendakari ha eludido también el debate de la propuesta en las instituciones forales de los territorios, con protesta formal de una de ellas ante los tribunales. La particularidad de esta actitud hacia las instituciones forales es que el lehendakari ha eludido el debate con quienes, si he entendido bien, siguen siendo titulares de los derechos históricos, a cuya actualización apela el plan Ibarretxe y que han sido estudiados con tanto rigor como pasión por mi buen amigo Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Por último, y sin duda no es lo menos importante, se ha marginado a los partidos políticos que no han sido invitados a participar en la elaboración de la propuesta, empezando por el propio PNV, pues no hay noticia pública de que sus organizaciones, y su militancia, hayan tenido la oportunidad de debatir una propuesta de tan enorme envergadura para el País Vasco como es el establecimiento de un nuevo modelo de relación con el Estado español.

En todo caso, el aspecto de la propuesta que debiera disparar todas las alarmas en el País Vasco es su artículo 4, "Ciudadanía y nacionalidad vasca", que reconoce oficialmente esta última y prevé que será regulada por ley del Parlamento vasco. No hay que hacerse ilusiones. La introducción de la distinción entre ciudadanía y nacionalidad vasca será interpretada, en la práctica y más allá de las disquisiciones jurídicas con que se quiera desvirtuar esta interpretación, como el paso preliminar hacia la separación de los ciudadanos vascos en dos categorías, la de los "nacionales", cuya condición para tranquilizarles será compatible con la posesión de la nacionalidad española, y la de los "extranjeros", que tendrán que conformarse con una sola nacionalidad, la española. Una interpretación nada descabellada si se recuerda que Arzalluz, tan propenso a la sutileza en su pensamiento y en su lenguaje, ya había asimilado tiempo atrás la situación de estos extranjeros-españoles en Euskadi a la de los turcos en Alemania o la de los alemanes en Mallorca, sin duda para evitar que alguien cayera en la tentación de asimilarla a la de las poblaciones negras en Suráfrica bajo el régimen del apartheid.

En definitiva, el lehendakari, al remitir la propuesta directamente desde su laboratorio legislativo al Parlamento vasco, con la anuencia del Gobierno, ha mostrado su preferencia por un debate, constreñido por la disciplina de voto, sobre un texto que se sabe de antemano condenado al fracaso y que presenta serias insuficiencias democráticas por su origen y por alguno de sus contenidos. De este debate sólo se puede esperar, y sólo se espera, otra ruda confrontación entre nacionalistas y los llamados constitucionalistas, a la mayor gloria de los conocidos pescadores de votos en el río revuelto del drama vasco. La alternativa que el lehendakari ha descartado es la de un debate abierto y transparente, al modo de la convención que ha preparado el borrador de Constitución de la Unión Europea, realizado en los distintos foros institucionales y políticos del País Vasco, el cual, tal vez, hubiera permitido llegar a un debate fructífero en el Parlamento vasco sobre un texto con posibilidades de prosperar.

Quiero terminar evocando la primera lección política que el presidente Tarradellas difundió el día de su regreso a Catalunya, después de casi cuarenta años de exilio, una vez restablecida la Generalitat. Desde el balcón del palacio de esta institución histórica de Catalunya saludó a la multitud concentrada en la plaza de San Jaime de Barcelona, y a los muchos más que siguieron el acontecimiento desde lejos, con un grito que resonó con fuerza: ¡Ciutadans de Catalunya! Desde el primer instante se dirigía con un mismo saludo a todos los que compartían la ciudadanía catalana como iguales ante la ley, desde el catalán de sentimiento nacional profundamente arraigado hasta el extremeño, el andaluz, el gallego o el asturiano que no se reconoce como catalán en las encuestas, pero sí se sabe ciudadano de Catalunya, y ejerce como ciudadano catalán. Al propio tiempo, mostraba su dominio del oficio del gobernante responsable para quien la defensa apasionada de la identidad propia de Catalunya en el conjunto de los pueblos de España no era incompatible con su deber de gestionar de la manera más eficaz posible los intereses y el bienestar de todos los ciudadanos que componían en aquel momento la sociedad catalana, y no sólo los de aquellos que habrían formado la sociedad que él hubiera podido soñar o la que pudo haber existido, o no existido, en los albores de la historia.

Josep Lluís Sureda, catedrático, fue asesor del presidente Tarradellas en las negociaciones sobre el restablecimiento de la Generalitat de Catalunya (junio-septiembre 1977).