El Consejo universitario rechaza el decreto de evaluación de titulaciones

El Consejo de Coordinación Universitaria (el máximo órgano de planificación de educación superior) considera que ni es competencia de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) establecer los criterios de evaluación de las titulaciones, como pretende otorgarle el Gobierno, ni sus informes deben ser determinantes para suspender temporalmente o revocar carreras. Este organismo ha emitido un informe negativo sobre el proyecto de real decreto en el que el Gobierno establece que todas las titulaciones deberán pasar una evaluación obligatoria cada seis años y en el que otorga el control de ésta a la ANECA y al Gobierno, al margen de las autonomías.

El informe de la Comisión Académica de este Consejo (la encargada de evaluar las cuestiones relacionadas con planes de estudios y autonomía universitaria) concluye, además, que la regulación que pretende aprobar el Gobierno atribuye a la ANECA competencias que corresponden a la inspección autonómica: "Las causas de suspensión y revocación de títulos que prevé implantar el Gobierno inciden en un ámbito de competencias que es el propio de los servicios de inspección de las comunidades autónomas", advierte el Consejo de Coordinación Universitaria, el cual señala que esta competencia es del ministerio y del máximo órgano de coordinación de la educación superior.

Entre las causas de suspensión a las que hace referencia el proyecto de real decreto están: que las enseñanzas "no garanticen unos referentes mínimos de calidad para la formación del estudiante", que el centro no tenga "departamentos o estructuras docentes o investigadoras adecuadas" o "los medios materiales necesarios" y que "el personal académico no sea suficiente o no se encuentre cualificado para la formación de los estudiantes".

Estudiantes afectados

El informe considera, además, "poco coherente" que el Gobierno pretenda garantizar a los estudiantes la continuación de sus estudios en las carreras suspendidas, ya que se trataría de titulaciones que han incurrido en alguna o varias irregularidades, por lo que esos alumnos se verían perjudicados. Por esta razón, el Consejo recomienda que sean "las administraciones educativas correspondientes" las que arbitren las medidas oportunas para que los estudiantes matriculados en esas carreras suspendidas "puedan continuar sus enseñanzas en las condiciones apropiadas".

La ANECA fue creada por el Gobierno con la Ley Orgánica de Universidades (LOU), aprobada hace dos años sólo con los votos a favor del PP y de Coalición Canaria. Se trata de una fundación privada, dirigida por el que fue el primer director general de Universidades en el primer equipo ministerial de la titular de Educación, Pilar del Castillo, Ismael Crespo. Las comunidades autónomas tienen sus propias agencias de acreditación, pero el Gobierno reservó en la LOU a la agencia nacional la competencia exclusiva de evaluar las titulaciones.

El Consejo de Coordinación Universitaria está formado por los rectores de universidades públicas y privadas, los consejeros de las comunidades autónomas y otros vocales designados por el Gobierno, el Congreso y el Senado. Este Consejo ve escaso, según el informe, el papel que se prevé que tengan las comunidades en el proceso de homologación de títulos: "En relación con la intervención de las comunidades autónomas en el procedimiento de evaluación y suspensión, se considera que éstas deben tener un mayor protagonismo y una participación más activa".

También hace referencia el informe a la "seguridad jurídica de las universidades" y pide que, para garantizar que sea máxima antes de proceder a realizar los informes de acreditación, deberían definirse de forma explícita los criterios mínimos que la universidad deberá acreditar para evitar las causas de suspensión y revocación de la homologación de los títulos.

Este Consejo pide que se prevea la constitución, en el seno del Consejo, de una comisión que se ocupe de analizar estas cuestiones y asesorar al ministerio. También solicita que la suspensión temporal de las titulaciones, fijada en el decreto por un plazo mínimo de dos años, se reduzca a seis meses, y explica que no sería necesario paralizar las titulaciones tanto tiempo, ya que "hay posibilidad de subsanar las deficiencias en un plazo de tiempo más breve".