La segunda transición

El ruedo ibérico se ha tornado bronco de nuevo. Llueven desde su centro improperios y amenazas, que recuperan el lenguaje agresivo y las formas abruptas vigentes en los meses anteriores a la Guerra Civil. ¿Qué ocurre? Quizá sea útil, para entenderlo, utilizar el método de Ortega y Gasset, según el cual, "para comprender algo humano, personal o colectivo, es preciso contar su historia. Este hombre, esta nación, hace tal cosa y es así porque antes hizo tal otra y fue de tal otro modo. La vida sólo se vuelve un poco transparente ante la razón histórica". Veamos.

1. El conflicto esencial de toda la historia española es la lucha por la hegemonía peninsular, es decir, la confrontación acerca de cuál ha de ser la estructura de poder vigente en la Península: si una pirámide con vértice en Madrid, o una red con pluralidad de centros de decisión autónomos e interdependientes. Los portugueses pronto tuvieron claro que la Península era un avispero, se lanzaron al océano, se hicieron con un imperio y dejaron el desenlace de la partida en manos de castellanos y catalanes.

2. Los castellanos, más numerosos y más ricos en el momento germinal del Estado, sentaron entonces las bases de una organización política unitaria y centralista. Lo tenía claro el conde duque de Olivares, al dirigir a Felipe IV estas palabras: "Tenga V. M. por el negocio más importante de su Monarquía, el hacerse Rey de España; quiero decir, Señor, que no se contente V. M. con ser Rey de Portugal, de Aragón, de Valencia y conde de Barcelona, sino que trabaje y piense, con consejo mudado y secreto, por reducir estos nervios de que se compone España al estilo y leyes de Castilla". No lo consiguió.

3. Pese a intentarlo, el Estado liberal español tampoco logró consumar el modelo jacobino. En primer lugar, no pudo implantar la unidad de caja, ya que el resultado en tablas de la primera guerra carlista -abrazo de Vergara- permitió al País Vasco y a Navarra la conservación de su sistema de concierto económico. Y, en segundo término, el Estado liberal español tampoco logró -gracias a la permanente oposición catalana- la unificación del derecho civil. El código civil único fue abortado en 1856 y sólo logró salir adelante en 1889, respetando los llamados derechos forales. Este hecho no puede minimizarse. Napoleón, consciente de su trascendencia uniformadora, promulgó el código civil francés en fecha tan temprana como 1804, y Alemania unificó en 1898 su derecho civil en el código del imperio, haciendo tabla rasa de las diferencias normativas entre los länder del norte y los del sur.

4. Esta incompleta unidad española se asentó sobre un ámbito geográfico en el que siguieron coexistiendo diversas áreas comerciales claramente diferenciadas -mediterránea, del norte, central y del sur-, y se vio dificultada, en su consolidación, por la ausencia de una escuela pública laica semejante a la francesa. No es extraño, por tanto, que la defensa de esta relativa unidad de la patria se confiase prioritariamente al Ejército, al tiempo que se la ensalzaba con fervorosa y huera retórica. Y no es de extrañar tampoco que Cataluña entrase en el siglo XX consciente de su identidad nacional y con voluntad de autogobierno.

5. Tras las dos dictaduras del siglo XX -separadas por el esfuerzo racionalizador de la Segunda República y por la guerra fratricida en que aquélla se frustró-, tornó a plantearse el gran tema de la estructura territorial del Estado, al que se dio salida incluyendo dentro del pacto constitucional el diseño básico del Estado de las autonomías. Este empeño tuvo su causa exclusiva en la necesidad de hallar una vía de solución al históricamente llamado problema catalán, ya que para asumir la peculiaridad vasca y navarra bastaba la disposición adicional primera de la Constitución, y fue precisamente la voluntad de diluir la especificidad catalana la que impulsó la fórmula del café para todos.

6. Hoy, después de 25 años de vigencia de la Constitución, la distinción teórica entre autonomía política y autonomía administrativa se ha diluido, gracias a la reducción de aquélla por la jurisprudencia estatalista del Tribunal Constitucional. Éste ha neutralizado buena parte de las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, mediante la atribución al Estado de las llamadas competencias concurrentes. Y si se añade, por lo que a Cataluña se refiere, la conciencia clara de padecer una discriminación fiscal que viene de lejos y es fruto de una situación de dominación política, la reivindicación de una reforma estatutaria y constitucional cae por su propio peso.

7. Esta reivindicación catalana -más autonomía política y una financiación más justa- exige el desarrollo del Estado autonómico implantado por el título VIII de la Constitución, y constituye el factor desencadenante de una segunda transición, en la que será de nuevo fundamental el impulso catalán y en la que también será irrefrenable el efecto contagio a las otras comunidades autónomas.

8. La segunda transición que ahora se inicia culminará, sin duda, con la consolidación de la única España posible: una España plural de estructura federal. Resulta lógica, por tanto, la resistencia de los máximos beneficiarios del actual esquema de poder centralizado, que verán fuertemente erosionada su situación de privilegio a causa de la efectiva redistribución de poder político que todo Estado federal implica. De ahí la rudeza de su reacción: defienden sus intereses. Defienden lo suyo. Como todos.

Juan-José López Burniol es notario.