El Gobierno aprueba por sorpresa los nuevos estatutos de la UPV

La incertidumbre sobre el futuro de los nuevos Estatutos de la Universidad del País Vasco (UPV) ha llegado a su fin de manera sorprendente. Después de estar retenidos por el Departamento de Educación desde antes del verano, alegando dudas legales sobre algunos artículos, el Consejo de Gobierno dio ayer el visto bueno a las futuras normas de funcionamiento de la universidad pública sin imponer ningún cambio sustancial en su articulado. De hecho, únicamente se solicita a la UPV que efectúe dos modificaciones puntuales en cuestiones calificadas por la propia consejería como "de tercer orden".

Sin embargo, estas cuestiones secundarias han tenido los estatutos adaptados a la Ley Orgánica de Universidades (LOU) paralizados desde que se aprobaron por el claustro de la UPV el pasado 21 de mayo. Aunque el departamento que dirige Anjeles Iztueta ha alegado que la demora en su aprobación se ha debido a los "problemas de legalidad" detectados y a la saturación de los servicios jurídicos del Gobierno que debían informar sobre el proyecto, fuentes universitarias no descartan motivaciones de índole política. Las relaciones entre la consejería y el equipo rectoral que dirige Manuel Montero han estado atravesadas por los desencuentros. Tras la publicación de los nuevos estatutos se abrirá el proceso electoral para la elección del nuevo rector, que podrían celebrarse en febrero o marzo.Pese al retraso acumulado y a las argumentaciones esgrimidas, lo cierto es que el texto aprobado por el Gobierno, según fuentes de la propia consejería de Anjeles Iztueta, no recoge ningún cambio de calado. Únicamente se pide a la UPV modifique las disposiciones transitorias décima y undécima de los estatutos, que hacen referencia a una Oferta Pública de Empleo (OPE) de Personal de Administración y Servicios (PAS) y a cuestiones relacionadas con los perfiles lingüísticos. Así se recoge en la disposición adicional segunda del escueto decreto que da vía libre a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, requisito para su entrada en vigor.

Según el viceconsejero de Universidades, Jon Barrutia, la solución adotada es la mejor y la más favorable a los intereses de UPV. "Teníamos dos opciones: la devolución al completo de los estatutos, con las dificultades y los retrasos consiguientes, o el cambio de dos disposiciones transitorias, que no pueden dejar a la UPV sin estatutos". Sin embargo, la consejería no explicó por qué no se adoptó esta solución meses atrás.

La fórmula para adaptar a la legalidad estas disposiciones, cuyo rango normativo es el mismo que el del resto del articulado, corresponde a la propia Universidad. Según fuentes del Rectorado, aún no se ha recibido de la consejería, cuya titular se puso en contacto ayer con Manuel Montero para darle a conocer la decisión del Ejecutivo, una notificación oficial sobre esta posibilidad. En cualquier caso, se hayan solventado o no los cambios en las disposiciones citadas, los estatutos regirán el funcionamiento de la UPV a todos los efectos cuando sean publicados en el BOPV, a principios de enero.

Cautelosa satisfacción

La reacción del Rectorado ante la noticia fue de cautelosa satisfacción. Parece haber quedado atrás un nuevo episodio de las tensas relaciones entre el departamento de Iztueta y el equipo de Montero. La alarma saltó el pasado mes de septiembre, cuando el departamento, tras apurar al límite el plazo legal, decidió prorrogar tres meses su decisión sobre la aprobación de los estatutos. Entonces se alegó la detección de problemas de legalidad en diversos preceptos para justificar una dilación que, pese a la negativa tajante de la consejería, olía a motivaciones políticas. Un día antes el rector había aprovechado su discurso de comienzo del curso para criticar la falta de respaldo económico del Gobierno a la UPV.

La aprobación de ayer, además de diluir el temor expresado por Montero de que hubiera que realizar dos elecciones consecutivas a rector, acelerará la definición y la presentación de las posibles candidaturas para ocupar el cargo. Con la publicación de los estatutos, el equipo rectoral concluirá su mandato y, tal y como señala una de las disposiciones adicionales, deberá convocar en el plazo de un mes unas elecciones que estrenarán el sistema de sufragio universal ponderado establecido por la LOU.