Medio Ambiente exige un expediente sancionador contra el chalet de Ardanza

El Gobierno vasco está decidido a acudir a los tribunales por las infracciones urbanísticas del chalet en Urdaibai del ex lehendakari y presidente de Euskaltel José Antonio Ardanza. El consejero de Medio Ambiente, Sabin Intxaurraga, instó el pasado 1 de diciembre a la alcaldesa de Gauteguiz de Arteaga, donde se ubica la edificación, a que incoe un expediente sancionador a la empresa creada por Ardanza para construir la vivienda. En caso de que no lo haga, "se interpondrá recurso contencioso administrativo contra la inactividad del ayuntamiento".

Intxaurraga realiza esta aseveración en una respuesta parlamentaria al PP. El consejero explica todo el proceso en esta polémica, surgida tras una denuncia de los ecologistas en las obras de rehabilitación de un caserón adquirido por Ardanza en el barrio de Kanala, perteneciente al municipio de Gauteguiz de Arteaga.

El titular de Medio Ambiente señala que los servicios técnicos del Patronato de Urdaibai, el órgano de gestión de la reserva que depende de su consejería, elaboraron en mayo de 2002 un informe en el que se detectaban cambios en el proyecto de la vivienda. El Patronato informó, en septiembre, desfavorablemente sobre las obras, tras constatar hasta seis irregularidades, en las que sobresalían la construcción de dos plantas no previstas en el proyecto, la superación en 1,20 metros de la altura autorizada y la inclusión de una piscina. Se destacaba el aumento en un 68% de la superficie construida: los 634 metros cuadrados del proyecto original aprobado se habían incrementado hasta 879, con lo que una vivienda que era bifamiliar es de hecho trifamiliar.

Intxaurraga, quien señala que notificó las anomalías al consistorio de Arteaga para que "resolviera sobre la licencia", añade que en octubre pasado volvió a dirigirse a la alcaldesa Arantza Madariaga "a la vista de la pasividad del Ayuntamiento en la aplicación de la disciplina urbanística". La alcaldesa replicó que el Ayuntamiento no es el organismo competente, lo que ha llevado a Intxaurraga a amenazar con el recurso judicial.

Esta actitud se suma a la de la Diputación de Vizcaya, que, aunque hace un año se opuso en el seno de Patronato a calificar las obras de ilegales, defendió el mes pasado "que se cumpla la ley y se haga cumplir la ley".